La crisis política permanente de Perú vivió la semana pasada un nuevo capítulo con la destitución del presidente José Jerí, designado por el Congreso recién en octubre del año pasado, y la elección de José María Balcázar como su sucesor. El nuevo mandatario deberá completar los cinco meses que quedan antes del fin del actual periodo presidencial y traspasar la banda a quien sea elegido en los comicios de este año, cuya primera vuelta será en abril próximo y la segunda, a comienzos de junio. Una elección para la cual ya hay 36 candidatos inscritos, una cifra inédita en la historia del país. Por eso, pese a que el periodo que le resta al nuevo presidente es breve, la inestabilidad política del país -que suma nueve presidentes en una década y cuatro en el actual periodo presidencial- hace difícil asegurar que el nuevo presidente cumplirá el plazo.

Detrás de este escenario se encuentra un sistema político fragmentando, donde los partidos no responden a tendencias político-ideológicas claras sino, muchas veces, a intereses particulares de quienes los integran y donde las lógicas populistas guían el actuar de las figuras políticas. Un escenario que se agrava con el poder asumido por el Congreso, que en los hechos es el que ha dirigido la política peruana durante la última década, decidiendo el destino de quien ocupa el Palacio Pizarro. Lo sucedido en los últimos días es un ejemplo de ello. Tras poco más de cuatro meses de haberlo elegido, tras destituir a Dina Boluarte, esa instancia impulsó la remoción de Jerí de la presidencia, pero ante la falta de votos para aprobar una vacancia, como establece la Constitución, optaron por una moción de censura, que requería un menor quorum.

Pero no solo el camino elegido por la mayoría de los legisladores sino la propia elección de su sucesor ha despertado serias dudas sobre las lógicas e intereses que guiaron el proceso. Si bien es cierto que el destituido presidente enfrenta serias acusaciones que ameritan ser investigadas por la justicia -algunas de las cuales ya eran conocidas incluso antes de ser elegido en octubre pasado-, su sucesor José María Balcázar está lejos de tener un historial intachable. No solo en 2011 fue destituido como juez por el Consejo Nacional de la Magistratura de Perú, sino enfrenta también acusaciones de irregularidades cuando fue decano del colegio de abogados de la provincia de Lambayeque. Ello sin contar con sus polémicas declaraciones en defensa del matrimonio y las relaciones sexuales de menores de edad.

Si bien el nuevo presidente ha asegurado que su interés es garantizar “una transición democrática y transparente” y que “la línea económica la vamos a mantener, no estamos para experimentos”, existen legítimas dudas sobre el rumbo que seguirá el país en los próximos meses. El presidente responde a la misma línea política de izquierda populista del destituido ex presidente Pedro Castillo y es cercano al fundador de su partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, hoy prófugo de la justicia. Dichos vínculos, según algunos sectores políticos peruanos, representan una abierta amenaza para el sistema democrático en el país. Sea así o no, lo cierto es que la elección de Balcázar lejos de ayudar a calmar los ánimos y dar tranquilidad a un país convulsionado ha profundizado la sensación de inestabilidad en el ambiente político de Perú.