Mañana se cumplen dos años desde que se implementó la llamada Ley Karin –normativa que incorporó obligaciones para prevenir, prohibir, sancionar y erradicar conductas de acoso laboral, acoso sexual y de violencia en el trabajo-, la cual vino a llenar un vacío en nuestra legislación laboral, y cuyo balance general hasta aquí -según diversas voces expertas- resulta positivo. Ello no solo porque ha permitido dejar de normalizar conductas abiertamente abusivas, sino porque se hace cargo de problemas concretos que atentan contra el objetivo de contar con espacios de trabajo seguros. Es evidente que prácticas como el acoso o la violencia dañan gravemente la salud mental y autoestima de quienes las sufren, algo que además tiene evidentes repercusiones en la productividad de las propias empresas.

“El termómetro de la salud mental en el trabajo” -informe realizado hace un tiempo por la ACHS y la FCVE- reveló que el 26,3% de los trabajadores chilenos ha estado expuesto al menos a una conducta ofensiva en el trabajo en los últimos doce meses -con casos de bullying, bromas u otros-, y en cuanto al acoso sexual, el 1,5% reconoció haberla experimentado durante el último año, cifras que justificaban la necesidad de dictar una normativa que buscara prevenir y sancionar estos casos.

La Ley Karin, sin embargo, no ha estado exenta de problemas durante su implementación, lo que ha abierto un debate entre expertos acerca de qué cambios se deberían introducir a fin de evitar que la norma termine desnaturalizándose. Luego de todo este tiempo parece haber ciertos diagnósticos compartidos, como por ejemplo las dificultades para diferenciar el acoso laboral de aquellos conflictos propios de cualquier empresa -como por ejemplo diferencias interpersonales, o discrepancias por evaluaciones de desempeño-, lo que por supuesto ha sido un foco de tensión.

Hasta enero de este año se habían ingresado ante la Dirección del Trabajo (DT) casi 70 mil denuncias invocando la nueva normativa, de las cuales solo el 40% clasificó como materias que propiamente tienen que ver con la Ley Karin, a lo que se suma que para el caso de las investigaciones terminadas, solo en el 20% se logró constatar una vulneración efectiva.

Estos antecedentes no solo reflejan que aún hay importantes niveles de confusión entre los denunciantes, lo que abulta innecesariamente el número de casos, sino que además ha llevado a que la DT se haya visto altamente exigida para poder analizarlos -alrededor del 20% del personal del organismo ha tenido que destinarse parcial o totalmente para investigar tal cantidad de denuncias-, todo lo cual se ha traducido en procesos más lentos que retardan la justicia para aquellos casos de auténtico acoso. Por lo mismo cabría explorar la introducción de mecanismos que permitan un mejor examen de admisibilidad o filtro de las denuncias, porque de esa forma se evitaría pérdida de tiempo y recursos, además de ser una barrera para evitar falsas denuncias.

En el exhaustivo diagnóstico que ha hecho el gobierno sobre la Ley Karin se recogen estos y otros puntos, de manera que los cambios que la autoridad busca introducir en el reglamento de la norma en principio pueden abrir una oportunidad para subsanar estos problemas y lograr un efectivo perfeccionamiento.