El Ministerio de Minería, tras hacerse eco de un reclamo presentado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), resolvió suspender la licitación que había convocado para contratar el servicio de monitoreo y seguimiento de prensa (“clipping”). La ANP interpuso en el portal de Mercado Público una serie de prevenciones, donde entre otros puntos manifestó su preocupación por la licitación y por concursos públicos de diversos organismos en general y por “la falta de regulación, en las bases de licitación, de mecanismos que permitan al Estado cautelar el cumplimiento de diversas normas de propiedad intelectual, así como evitar la comisión de infracciones a la Ley N°17.366, de Propiedad Intelectual”.

El Ministerio analizará los efectos del reclamo de la ANP, indicando además que deberá realizar “un estudio de las condiciones de mercado y jurídicas, ya que, entre otras cosas, no existen lineamientos de la Dirección de Compras Públicas y la Contraloría General de la República”, como asimismo revisar si es pertinente modificar las bases de licitación. El camino por el que ha optado esta repartición pública es sin duda una buena señal, porque por primera vez una institución del Estado se detiene a evaluar las implicancias de contratar servicios que lucran a costa del trabajo realizado por los medios de comunicación sin el respectivo pago de los derechos de autor, dejando además en claro que es un asunto sobre el cual el Estado no ha dictado regulaciones para sí, a pesar de que la ley es clara en reconocer la existencia de derechos que deben ser remunerados.

La directiva de la ANP ya se había reunido con la ministra Secretaria de Gobierno, precisamente para alertar que empresas del sector público contratan a firmas de monitoreo que reproducen y comercializan contenidos sin contar con la autorización de los titulares, como asimismo el doble estándar en que incurre el Estado al exigir estrictas licencias para el uso de software en sus licitaciones, pero omitir este requisito para los contenidos de prensa, normalizando la expropiación del trabajo intelectual de los medios.

Cabe esperar que a partir de este caso cualquier contratación de este tipo en el sector público se haga respetando escrupulosamente la ley, exigencia que desde luego también se extiende a toda empresa del sector privado que requiera el “clipping”. Como recordaba el abogado Felipe Harboe en una reciente columna publicada en este medio, cuando una empresa de “clipping” toma notas periodísticas y las reproduce total o parcialmente, las sistematiza y las comercializa a sus clientes sin celebrar acuerdo alguno con los medios que la produjeron, no solo se está explotando una obra ajena -obteniendo un beneficio económico directo de ella- sin contar con licencia del titular, sino que también puede comprometer la responsabilidad del propio cliente, ya que podría ser considerado partícipe de la infracción, en tanto destinatario del producto infractor.

Así, cumplir con el pago de los derechos no solo es lo que corresponde legalmente -el “clipping” es una actividad legítima, en tanto acredite el pago de las licencias respectivas-, sino que también es importante tomar conciencia sobre la importancia que tiene para la sociedad asegurar que los medios de comunicación puedan sustentar sus actividades, porque de esa forma es como se asegura un periodismo independiente y de calidad.