La ANFP activó una estrategia para pasar a la ofensiva en la arremetida contra Unión Española y Deportes Iquique. Los dos clubes buscan revertir administrativamente su descenso a Primera B, amparándose en una contradicción entre el Reglamento de la Asociación y las Bases del Campeonato Nacional 2025. En Quilín asumen que el conflicto ya superó el plano deportivo, sobre todo, luego de que Jorge Segovia dijera que piensa llevar el caso a la justicia ordinaria.

Durante los últimos días, el directorio encabezado por Pablo Milad optó por reforzar su defensa con asesoría externa. Según información recabada por El Deportivo, la ANFP pidió un informe a tres abogados especialistas en derecho deportivo, incluyendo uno que trabaja en el extranjero. La decisión apunta a blindar la postura institucional ante un escenario que podría escalar.

La defensa

El eje central de la defensa de la ANFP es jerárquico. En Quilín insisten en que los Estatutos aprobados están por sobre el Reglamento y las Bases. Ahí se establece una competencia con 16 clubes en Primera División, lo que, a su juicio, invalida cualquier interpretación que apunte a un torneo de 20 equipos o a descensos definidos por promedio trianual.

Desde la Asociación argumentan que el reglamento vigente, aprobado en junio de 2024, quedó parcialmente desactualizado tras la entrada en vigor de los nuevos Estatutos del ente rector y que varias de sus disposiciones estaban en proceso de adecuación. Bajo esa lógica, las Bases del Campeonato 2025, aprobadas por unanimidad en el Consejo de Presidentes, serían plenamente válidas.

En ese contexto, en la ANFP consideran que la ofensiva de Unión e Iquique se sostiene en un “resquicio legal” que no refleja el espíritu ni la estructura actual del fútbol chileno para intentar modificar una definición deportiva ya consumada en la cancha.

El decisivo rol que puede jugar la FIFA en el conflicto entre Unión Española, Deportes Iquique y la ANFP

Uno de los puntos que más incomodó al interior de la ANFP fue la entrevista concedida por Jorge Segovia, propietario de Unión Española, a El Deportivo, en la que confirmó que, en caso de recibir una negativa, acudirán a los tribunales de justicia ordinaria.

“Presentamos un reclamo por incumplimiento del Reglamento. El Reglamento está por encima de las Bases, y está para cumplirse. Si recibimos un portazo de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema", dijo el empresario español. En Quilín reconocen que esas declaraciones no cayeron bien y fueron interpretadas como una presión directa al directorio.

Por otro lado, en la ANFP estiman que llevar el conflicto a la justicia civil vulnera los principios que rigen al fútbol internacional. Por lo mismo, la postura institucional es clara: si Unión Española e Iquique deciden judicializar el caso fuera de los órganos deportivos, la Asociación responderá recurriendo a la FIFA.

En Quilín aseguran que ya se evaluó ese escenario y que una acción en tribunales ordinarios habilitaría a la ANFP a denunciar a los clubes ante la FIFA por infringir la obligación de resolver controversias en instancias deportivas. De prosperar ese camino, advierten, podrían exponerse a sanciones. La señal es directa. Para la ANFP, este conflicto debe resolverse dentro del fútbol y no en sedes judiciales externas. En Quilín reconocen que existe molestia por las amenazas que han recibido de los dos clubes que, incluso, han mencionado la opción de paralizar el torneo y volver a encender el conflicto con TNT Sports.

Escenarios

Otro elemento que llamó la atención en Quilín es la propuesta de Unión Española e Iquique a abrirse a un escenario híbrido. Es decir, competir en una Primera División con 18 clubes y, al mismo tiempo, recibir los ingresos correspondientes a la Primera B. En la ANFP consideran que esa postura refleja la presión que enfrentan ambas instituciones tras el descenso. Cabe recordar, que un elenco de la máxima categoría recibe cerca de $ 300 millones, mientras que en la B solo $130 millones.

En ese plano, en la ANFP deslizan que la ofensiva legal no responde únicamente a una interpretación normativa, sino también a factores personales y políticos. Algunos directivos apuntan al rol protagónico que Jorge Segovia está jugando en el conflicto y creen que su postura tiene un componente de revancha, considerando su tirante relación con la dirigencia del fútbol chileno.

En la ANFP todavía recuerdan el antecedente de 2010, cuando Segovia ganó las elecciones, pero no pudo asumir la presidencia por una inhabilidad estatutaria. Para algunos dirigentes, ese episodio sigue marcando la relación del empresario con la institucionalidad del fútbol nacional.

El conflicto sigue abierto. Mientras Unión Española e Iquique afinan su ofensiva, en Quilín refuerzan su defensa, conscientes de que el desenlace define más que dos descensos.