A dos años del fin de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, la Corporación Santiago 2023 sigue dando de qué hablar debido a millonarios compromisos pendientes, repartidos entre controversias con proveedores y juicios laborales.

Fue en ese contexto que la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados resolvió solicitar una auditoría a la Contraloría General de la República respecto de los traspasos de recursos a la Corporación y sus respectivas rendiciones, además de la intervención del Consejo de Defensa del Estado frente al posible daño al patrimonio estatal.

Esta determinación se tomó después de que los diputados de oposición Érika Olivera (Demócratas) y Andrés Celis (RN) lo solicitaran después de que, a pesar de las peticiones, la corporación iniciara el proceso de cierre sin la entrega de informes de gestión, balances financieros ni documentación mínima que permitan conocer su situación real antes de su extinción legal.

Si bien la entidad debía concluir sus funciones en noviembre de 2024, los estatutos permitían su extensión por un año más, plazo que venció el 26 de noviembre pasado. Un día antes, comparecieron ante los parlamentarios el ministro del Deporte Jaime Pizarro, el director del IND Israel Castro y un representante de la Corporación.

“No hubo ninguna memoria, ningún balance, ningún informe y ningún documento entregado, dejando a la comisión sin información concreta sobre el estado financiero y administrativo de la entidad”, se quejó la diputada Olivera.

Litigios millonarios

De acuerdo a las estimaciones de la diputada y, según lo expuesto por los propios representantes de la Corporación ante la comisión tras una consulta del diputado Celis, los eventuales pasivos alcanzarían más de $ 9 mil millones solo con proveedores, mientras que las pérdidas por juicios laborales se empinan por los $ 430 millones.

“La matemática no falla: nos estamos acercando a los $10 mil millones. Y pueden existir otras obligaciones entremedio”, apunta Olivera, señalando que la extinción de la entidad deja en una posición incierta a quienes prestaron servicios, entregaron implementos o mantuvieron contratos vigentes.

La parlamentaria enfatiza que este no es un problema atribuible a un solo gobierno, sino a una estructura que atravesó tres administraciones, sin que hoy exista una delimitación clara de responsabilidades.

“La Corporación Santiago 2023 se extinguió el 26 de noviembre, y desde ahí en adelante sus responsables se lavan las manos. No hubo autocrítica, no hubo respuestas y no sabemos quién se hará cargo de las deudas”, afirma. “Probablemente será el fisco, porque los proveedores no se quedarán de brazos cruzados”, plantea.

Olivera recordó además que en 2014 y 2017 ocurrieron situaciones similares, y que en su trabajo previo en la Comisión Especial Investigadora por Santiago 2023 sus conclusiones fueron “duras y críticas”, pero dichos informes fueron finalmente rechazados, dejando al país sin un diagnóstico formal.

Ante este escenario, la diputada solicitó que todos los antecedentes sean enviados a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la falta de información, el estado de las rendiciones y la situación financiera de la Corporación.

Por otro lado, pidió que la contralora Dorothy Pérez pueda asistir a la comisión para explicar qué información poseen actualmente y en qué etapa se encuentran las revisiones.

Finalmente, Olivera afirmó que, de detectarse irregularidades o eventuales perjuicios al fisco, el caso debe ser remitido al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe acciones legales.

“Esto debe quedar para la historia del deporte nacional. No podemos repetir una vez más el mismo patrón de desorden, falta de rendición y ausencia de responsabilidades”, sostuvo.

Los próximos pasos

En estricto rigor, la Corporación aún no cierra definitivamente y todavía se encuentra afinando los últimos detalles. Eso sí, advierten que habrá abogados que seguirán vinculados hasta el término de los distintos litigios correspondientes.

Asimismo, desde el IND esperan que en las próximas semanas esté el resultado de las rendiciones y advierten que trabajan codo a codo con la Contraloría, la que actuará en caso de alguna discrepancia con las cifras declaradas.

De acuerdo a la información proporcionada por el Mindep a la comisión, la Corporación tuvo un peak de 2.082 personas contratadas en octubre 2023, totalizando más de 3 mil desde sus inicios.

Del total de personas contratadas, la Corporación ha sido notificada en 207 demandas directas por declaración de la relación laboral, quedando 76 activas a la fecha. De hecho, hay audiencias fijadas hasta noviembre de 2026.

Asimismo, hay 131 demandas terminadas, donde se pagó un 5,6% de la cuantía demandada, 118 pagadas por acuerdo, 12 por sentencia firme y ejecutoriada favorable y 1 perdida en 2023 por equipo legal anterior.

De las 36 sentencias vigentes (nulidad), la Corporación ha recurrido en 19 casos a la Corte de Apelaciones. La contraparte ha recurrido en todas las causas, perdiendo totalmente en 17 juicios.