Nadie es indiferente a los casinos online y a la abundante presencia publicitaria que estas empresas despliegan en equipos deportivos, medios de comunicación y vías públicas.

Las diferentes plataformas, que ofrecen desde los clásicos juegos hasta apuestas por resultados de eventos deportivos, han irrumpido con gran fuerza en los últimos años, generando dudas sobre el inexistente marco regulatorio sobre el que operan.

Aquí en Chile, las actividades de juegos de azar siempre han funcionado bajo ciertas condiciones. Los hipódromos, la Lotería de Concepción, la Polla Chilena de Beneficencia y los casinos en general deben cumplir con una serie de permisos y obligaciones para operar; no así sus pares digitales, muchos de ellos sin domicilio ni residencia en suelo nacional.

Este año, sin embargo, se comenzó a avanzar de forma definitiva en su regulación, luego que desde el 15 de julio comenzara a regir la Resolución Exenta N.º 94 del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esta normativa obliga a estas plataformas internacionales a inscribirse en el SII para declarar y pagar el IVA digital por las transacciones que realizan con personas domiciliadas en Chile.

Según datos de este organismo, hasta ahora se han registrado 25 plataformas, las cuales retendrán el 19% de IVA de cada transacción.

Al mismo tiempo, en el Congreso se busca concretar el proyecto que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, presentado en marzo de 2022 y que a la fecha se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, con suma urgencia y más de 500 indicaciones.

El proyecto actualmente en discusión contempla, además del IVA y el impuesto a la renta, un impuesto específico de 20% sobre los ingresos brutos y un gravamen anual por licencia, entre otras obligaciones.

Los integrantes de la Comisión de Economía del Senado acordaron conformar una mesa técnica con el Ejecutivo para presentar nuevas indicaciones. Ante los recientes avances, el senador Gastón Saavedra, uno de los creadores de la mesa, señala a LT BOARD que lo que se busca es que “exista un acuerdo efectivamente consensuado, entendiendo que Chile necesita resolver un problema que hoy está a mitad de camino”.

A ojos del congresista Saavedra, el pago de IVA al SII “no soluciona el problema de fondo, sino que termina amparando actividades ilícitas que derivan en un aumento de la ludopatía y el endeudamiento informal”.

Esta es una mirada que comparte el senador Ricardo Celis, quien explica que están a la espera de las indicaciones del Ejecutivo y que hasta ahora “no ha sido claro en presentar una postura firme frente a las apuestas online”.

Los senadores Saavedra y Celis plantean que la regulación debe contar con dos ejes: la exigencia de una prima de entrada a aquellas plataformas que han operado de manera informal para poder incorporarse al sistema formal, además de un control de acceso y prevención para tomar resguardos ante la ludopatía y el ingreso de menores de 18 años.

Un asunto más allá del IVA

Para el senador Gastón Saavedra, la búsqueda de regularizar la actividad no pasa simplemente por la recaudación de impuestos; más bien, se trata de destrabar una discusión ante un problema que afecta en “las urgencias del país”.

Ricardo Celis opina de forma similar, haciendo hincapié en que, ante la necesidad de recaudación fiscal, el Ejecutivo ha visto en este sector “una fuente rápida de ingresos, postergando los aspectos regulatorios propios de las apuestas online”, sin considerar que en los últimos años han aparecido resoluciones judiciales de la Corte Suprema para bloquear enlaces de estas plataformas.

Para entender el escenario es necesario entender el impacto de este mercado en Chile. Las apuestas online son una industria que ha crecido de “manera acelerada y que busca formalizarse de algún modo ante la legislación” plantea Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad Andrés Bello.

La falta de regulación, a ojos de Escobar, ha provocado no sólo una menor recaudación fiscal, sino también una asimetría de información y desprotección para el consumidor, en aspectos tan importantes como la protección de los datos personales o el pago de premios de montos importantes, así como la competencia desleal que tienen frente a actores directos y regulados.

Por el lado del gobierno, el economista Jorge Berríos, director del diplomado en Finanzas de la Universidad de Chile, analiza que la señal inicial “no ha sido necesariamente formalizar la industria de forma integral, sino capturar ingresos tributarios rápidamente”, como ocurrió también con las compras online internacionales.

Sin embargo, a ojos de Berrios, el buscar el pago de impuestos genera un “contrasentido económico y jurídico” ante la Ley de Casinos de Juego modificada en 2015, ya que a los pares físicos se les exige pagar impuestos específicos y un porcentaje a las municipalidades y gobiernos regionales, además de presentar una oferta económica relevante para adjudicarse la licitación.

“Si las plataformas digitales pagan únicamente un impuesto genérico, surge una asimetría evidente… Hoy la industria online opera en un limbo”

Los intereses detrás de la nueva regulación

Esa asimetría es precisamente uno de los principales argumentos de la Asociación Chilena de Casinos y Juego (ACCJ), que reúne a 16 empresas y representa, según su presidenta ejecutiva, Cecilia Valdés, al 67% de los casinos del país que operan “con autorización legal y bajo un régimen permanente de fiscalización”.

“Regular no puede significar simplemente legalizar a quienes han operado al margen de la ley”, responde Valdés ante el panorama, planteando que, la futura normativa debe fijar “quiénes pueden participar, en qué condiciones, con qué fiscalización y qué sanciones enfrentarán en caso de incumplimiento”.

La posición de la ACCJ es que la regulación debe establecer estándares claros y equivalentes en materia de tributación, condiciones de competencia y cumplimiento regulatorio, además de garantizar la identificación de los propietarios y beneficiarios finales, la trazabilidad de los recursos y la protección de los usuarios.

Del otro lado de la discusión se encuentra AgruGaming, organización que reúne a proveedores de la industria online, en su mayoría empresas internacionales, y que es dirigida por el exsuperintendente de Casinos de Juego, Francisco Leiva.

En este proceso, AgruGaming busca representar ante las autoridades a proveedores de juegos, casinos en vivo, apuestas deportivas, medios de pago, marketing y ciberseguridad; todas empresas que, según Leiva, “no habían tenido representación en la discusión legislativa”.

Para Francisco Leiva, el principal problema del proyecto es que se intenta trasladar al mundo online una regulación pensada para los casinos presenciales, pese a que ambos modelos tienen estructuras de costos y funcionamiento diferentes. De todas formas, sostiene que es urgente tramitar la iniciativa, dado que “Chile está atrasado, incluso respecto de otros países latinoamericanos”.

El proyecto, plantea Leiva, requiere de ajustes importantes para que sea “realmente efectivo”, en el sentido de que permita a las empresas existentes tramitar una licencia de juego en el país y operar bajo las condiciones que establezca la ley.

Así, mientras los casinos tradicionales piden que las plataformas online ingresen al mercado formal bajo condiciones equivalentes a las que ellos enfrentan, desde la industria online advierten que una regulación demasiado onerosa podría terminar favoreciendo precisamente a las plataformas “offshore” que operan fuera del sistema.

AgruGaming plantea, por ejemplo, que una carga tributaria excesiva podría hacer poco competitiva a la oferta regulada frente a las ya mencionadas.

Un camino por delante

Con la conformación de la mesa técnica, las expectativas son diversas. La Asociación Chilena de Casinos de Juego llama a la cautela y consideran necesario ordenar la discusión, pero Valdés advierte que la instancia “sólo será relevante en la medida en que permita resolver las principales diferencias, cuente con plazos claros y concluya en acuerdos que hagan posible retomar efectivamente la tramitación”. A su juicio, no puede transformarse “en una nueva instancia para prolongar el debate”.

Ambas instituciones representantes de casinos cuestionan que no participen expertos con conocimiento de la industria. “Se están discutiendo detalles específicos de una industria que tiene particularidades complejas y no hay expertos en la materia que aporten con su conocimiento”, señala Cecilia Valdés, de ACCJ.

Para los senadores que impulsaron la mesa, en cambio, la expectativa es que esta permita finalmente destrabar el proyecto. El senador Saavedra asegura que el compromiso es “sacar adelante este proyecto durante el año en la comisión”, para que pase a la Sala del Senado y continúe su trámite hasta convertirse en ley.

El senador Celis plantea una condición similar, aunque advierte que la instancia debe tener un horizonte acotado. “No puede ser una mesa que trabaje indefinidamente sin entregar conclusiones concretas”, prioriza, apuntando a la necesidad de avanzar tanto en la protección frente a la ludopatía como en la certeza tributaria y regulatoria.

Este escenario actual, a ojos del académico UNAB Gonzalo Escobar, significa mantener esta situación con costos para todos los actores: el Estado pierde recaudación, los usuarios quedan expuestos a fraudes y a una menor protección de sus datos y recursos, mientras los operadores enfrentan incertidumbre para realizar inversiones de largo plazo.

Después de varios años de discusión, los distintos actores coinciden en que una nueva postergación sería difícil de justificar. Mientras el Congreso intenta definir las condiciones para regular el mercado, las plataformas ya operan, los usuarios siguen apostando a su suerte y el Estado comenzó a cobrar impuestos. Solo faltan las reglas que se tendrán que cumplir para hacerlo.