La tarde del pasado martes 2 de diciembre, y ante la inminente orden judicial de desalojo de la toma del Cerro Centinela, en San Antonio, el gobierno anunció una medida que ha generado distintas opiniones y perspectivas: expropiar 100 de las 215 hectáreas del terreno usurpadas para dar opción a que 3.700 familias puedan permanecer viviendo allí. El resto -unos cuatrocientos grupos familiares- deberá abandonar el lugar.

La llamada “megatoma” de San Antonio es el símbolo actual de un problema que, salvo una ventana de tiempo entre los años 2000 y 2005, no ha parado de crecer: la toma irregular de terrenos a lo largo de todo Chile para ser ocupados con fines habitacionales.

Según cifras de Techo Chile, actualmente hay más de 120 mil familias viviendo en 1.428 asentamientos ilegales, ubicados principalmente en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío.

Lo grave de esta situación es que esta es la cifra más alta desde 1996, cuando existían 972 campamentos y 100 mil personas viviendo en ellos.

¿Qué hacer frente a un problema que escapa a colores políticos y administraciones? Esa fue la pregunta de partida del nuevo capítulo de Sesiones Board, que analizó el fenómeno de las tomas y campamentos como la cara más dramática de la severa crisis habitacional que vive el país.

Con un panel compuesto por el arquitecto Ricardo Abuauad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello; la abogada Jeanette Bruna, especialista en Derecho Urbanístico; el abogado Diego Gil, subdirector de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y Pablo Urquízar, abogado y director del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, la conversación partió con el análisis de lo que actualmente sucede en San Antonio: ¿es una buen medida por parte del Estado expropiar terrenos?

“Es una bofetada para todas las familias que están esperando la reconstrucción de sus viviendas en Quilpué y Viña del Mar”, partió diciendo la abogada Jeanette Bruna. “Una bofetada también para todos los campamentos históricos que no han tenido ninguna solución y que ven en esta inversión del Estado un castigo a todos quien han hecho la fila por más de una década”.

Ricardo Abuauad, de la UNAB, relevó el argumento de “evitar una crisis humanitaria” dado por el gobierno al anunciar la expropiación. Sin embargo, en este caso, “no sólo se ha vulnerado el derecho a la Vivienda” -que, por cierto, no está reconocido en la Constitución de Chile-, sino también el derecho a la propiedad, ya que al lado de los terrenos expropiados quedarán las hectáreas no compradas por el Estado, de las que no se sabe aún su futuro ya que siguen ocupados por familias y además han perdido parte de su valor de mercado por esta situación.

“Habitar una toma no es una solución digna de un derecho a la vivienda. Expone a los pobladores a unas condiciones de riesgo que todos conocemos”, agregó.

Para el abogado y académico de la Universidad Católica Diego Gil, la medida es un punto medio, que en cierto modo preserva lo que varias familias deseaban, que era quedarse en esos terrenos.

“Habitar una toma no es una solución digna de un derecho a la vivienda. Expone a los pobladores a unas condiciones de riesgo que todos conocemos”.

“La expropiación es instrumento posible dentro de un panóptico de opciones que resultaron infructuosas”, aseveró. “Ante una situación tan dramática en algún momento tenía que haber una solución”.

“A mí me quedaron más dudas que clarificaciones respecto a lo que venía”, acotó el abogado de la UNAB Pablo Urquízar.

“No se sabe qué va a pasar con aquella parte que no va a ser expropiada, en cuánto tiempo y cómo se va a materializar la apropiación. Desde la perspectiva más cívica, ante todo lo que está ocurriendo quedan muchas dudas”, dijo, junto con manifestar su principal preocupación: en los últimos años, varias tomas y campamentos han visto la infiltración del crimen organizado, como la del Cerro Chuño, en Arica, enclave de Los Gallegos, núcleo del Tren de Aragua en Chile.

Un problema ¿sin solución?

Para Ricardo Abuauad, el problema de las tomas y campamentos ha sido tratado con ambigüedad, en medio de una realidad que hoy tiene a más de 800 mil personas esperando por tener una vivienda.

Tampoco el Estado ha dado luces de manejar el problema, agregó la abogada Jeanette Bruna. Para ella, el caso de la toma Calicheros, de Quilpué, donde el dueño de los terrenos usurpados, Alejandro Correa, fue asesinado por un sicario, es prueba de un “Estado fallido”, que ha trascendido a gobiernos de derecha o izquierda y que no ha tenido “la decisión política de desalojar desde un principio y tomar medidas tempranas”, graficó.

A esto, la especialista suma un punto esencial para entender aún más el fenómeno: no existe ningún tipo de exigencias sobre construcciones hechas en terrenos tomados: “No se atreven a ir”, dijo. “Tampoco ha existido la voluntad del Ministerio Público de perseguir a quienes lotean, abren calles y además estafan a las familias”.

Otro problema que surge en torno a tomas y campamentos es el peligro de que tomarse un terreno termine legitimándose como una forma de adquirir una vivienda.

“Hay un declive del rendimiento de nuestros programas de subsidios habitacionales”, advirtió el sudbirector de la Escuela de Gobierno de la UC, Diego Gil. “Estamos produciendo mucho menos viviendas subsidiadas de lo que producíamos hace 20 años. Mientras no demos suficientes oportunidades para que familias vulnerables, familias de ingresos medios, puedan acceder a una vivienda, puedan arrendar, puedan comprar una vivienda a través de los subsidios, vamos a seguir teniendo campamentos en el país, lamentablemente”, expresó.

¿Y cómo llegamos a que el crimen organizado llegara a las tomas? Pablo Urquízar puso el ejemplo de Río de Janeiro, donde el control territorial de las bandas se base principalmente en las favelas o asentamientos irregulares.

“La mejor forma de resolver los campamentos que ha tenido este país ha sido a través de su política habitacional. El problema es que la nuestra no está dando el ancho ahora”.

“En el caso nuestro, hoy día existen, según el Ministerio Público, 16 organizaciones criminales transnacionales. Y esas organizaciones criminales transnacionales lo que hacen precisamente es traer el modus operandi que le ha dado resultado en otros países. Y uno de los modus operandi que se ha materializado es precisamente lograr ese control territorial sobre aquellos asentamientos irregulares”.

“Acaba de salir la Política Nacional de Seguridad, emanada por parte del Ministerio de Seguridad Pública, 2025-2031, y no hay una sola palabra de los asentamientos irregulares, no hay una sola palabra de los campamentos”, agregó.

La urgencia de mejorar la política de vivienda

¿Qué hacer con esos campamentos cuya demolición implica relocalizar a 10, 15 mil personas? En esos casos ¿el remedio sería peor de que la enfermedad?

“¿Parece una locura, no es cierto?”, preguntó el decano del Campus Creativo UNAB Ricardo Abuauad. “Pero también hay que entender cuáles son las otras alternativas. Hay muchas etapas previas: por ejemplo, determinar qué porcentaje de las personas que habitan ahí tienen otra propiedad en otra parte. También qué porcentaje de las personas que habitan ahí han cometido delitos de loteo irregular. Tercero, qué porcentaje de las personas que habitan ahí podrían querer hacer desalojo o abandono voluntario en el caso que se les ofrezca otra solución. Con esas tres medidas ya hay una disminución importante, creemos, de la cantidad de personas que habitan una toma. Y luego está la programación de desalojo en etapas”, aseveró.

Una opinión similar expresó Diego Gil, de la Universidad Católica: “El Estado tiene que estar más cerca de los campamentos. Y eso quiere decir tener muy buena información respecto de quién vive ahí, en qué condición se encuentra, cuántas de esas familias son efectivamente vulnerables y que necesitan una ayuda apremiante del Estado para buscar una solución habitacional, y cuáles quizás están ahí saltándose la fila o en una situación más bien como de anomia, en la cual el Estado tiene que actuar más bien por el lado de la fuerza”, dijo.

“La mejor forma de resolver los campamentos que ha tenido este país ha sido a través de su política habitacional. Y el problema es que la nuestra no está dando el ancho ahora”.

¿Podría funcionar un protocolo estructurado para la prevención de tomas de terrenos? Sí, pero siempre y cuando fuera fuertemente apoyado por el Estado, creen los panelistas.

“Tener una política de vivienda es una prioridad. Eficiente, con capacidad de gestión y a la altura del desafío que tenemos”, afirmó Ricardo Abuauad.

“Los protocolos de acción deben ser firmes”, agregó Jeanette Bruna, quien llamó a validar la denuncia ciudadana como método de control. “La mayor parte de las denuncias las hacen las propias juntas de vecinos, que incluso terminaron sacando a un grupo de personas que se estaban tomando un terreno frente de ellos en Quilpué. Y debemos resguardar a las personas que denuncian, porque tampoco queremos que, por haber denunciado, como le pasó a don Alejandro Correa, vengan personas y los maten”.

“Estoy de acuerdo en que el Estado tiene que dar una señal fuerte de que la solución informal no es una solución adecuada para acceder a la ciudad. Creo que es importante. Al mismo tiempo, creo que hay que ser pragmáticos con la realidad que existe y en ese sentido identificar bien, sobre todo a las familias que están en condiciones humanitarias complejas, como decía Ricardo, buscar soluciones consensuales para ese grupo”, añadió el abogado Diego Gil.

“Acaba de salir la Política Nacional de Seguridad 2025-2031, y no hay una sola palabra de los asentamientos irregulares, una sola palabra de los campamentos”.

“Este gobierno ha iniciado un programa de un banco de suelo: de comprar suelos, y también buscar transferencias dentro del Estado para hacer que el suelo sea disponible para proyectos habitacionales. Creo que eso hay que ampliarlo”.

Para finalizar la conversación, Pablo Urquízar hizo énfasis en la no inclusión dentro de la Política de Seguridad Pública Nacional de una estrategia para los campamentos: “La necesidad urgente de que el actual gobierno y el próximo incorporen en la mirada habitacional, en la mirada de los campamentos, la perspectiva de seguridad pública, que en algunos casos llega a ser de seguridad nacional”.