La captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses marca sin duda un quiebre histórico para la región. No se trata únicamente de la caída de un Presidente, sino el inicio de un escenario complejo, donde las preguntas superan a las certezas.

El primer punto es que la salida de Maduro no desmantela automáticamente la estructura chavista. Durante años, el poder se ha sostenido en redes militares, económicas y territoriales que no desaparecen con un solo movimiento; el silencio en las calles tras el llamado oficialista a movilizarse expone el desgaste, pero no garantiza su desaparición o futura estabilidad.

El segundo eje es el trasfondo de la intervención. Washington ha justificado su acción en la lucha contra el narcotráfico, aunque persisten dudas sobre si el verdadero objetivo es ese, sobre todo a sabiendas de la gran cantidad de riquezas naturales con las que cuenta el país caribeño. La historia reciente muestra que las motivaciones suelen ser mixtas y que los discursos oficiales rara vez revelan la totalidad del mapa.

También está la cuestión legal. ¿Puede un gobierno extranjero capturar a un jefe de Estado sin autorización multilateral? Más allá de tecnicismos, el precedente es inquietante: normalizar operaciones unilaterales erosiona reglas internacionales y abre la puerta a intervenciones selectivas según conveniencia.

La justificación de un supuesto cartel de narcotráficos no comprobada a ojos internacionales no puede ser la única motivación.

La captura de Maduro puede ser vista como un triunfo contra la dictadura, aunque otros regímenes parecen no ser relevantes para Trump. Si el argumento fuera la fragilidad democrática del país, habría que tener en cuenta a Cuba y Nicaragua, que mantienen regímenes autoritarios, y El Salvador ya muestra señales preocupantes de concentración de poder.

Si miramos al pasado, Estados Unidos ha intervenido antes otros territorios con resultados dispares. Panamá en 1989 terminó con la captura de Manuel Noriega y una transición hacia democracia, aunque con costos humanos y un largo período de tutela externa. Irak y Afganistán, en cambio, derivaron en conflictos prolongados y Estados frágiles, pese a la caída de sus líderes. En Libia, la eliminación de Gadafi no trajo estabilidad, sino una guerra civil que persiste; todos estos antecedentes advierten que sacar al gobernante, por muy dictadores que sean, no garantiza reconstrucción institucional.

Una transición democrática no se construye con la caída de un caudillo, sino con instituciones, garantías y acuerdos. Excluir por completo al chavismo puede sonar atractivo, pero sin pactos mínimos, el riesgo de caer en la violencia, saqueos y anarquía es alto. La región conoce bien los costos de improvisar salidas rápidas. Las democracias duraderas requieren reglas claras, supervisión externa y un cronograma verificable.

Para los venezolanos, la prioridad no es la épica militar ni los discursos, sino recuperar la democracia, el acceso a bienes básicos y un horizonte político estable. La captura de Maduro puede ser el inicio de ese camino, pero no lo asegura. Lo que viene será tanto o más difícil que lo vivido, esto es reconstruir un Estado funcional, evitar la sustitución de una hegemonía por otra y garantizar que la promesa de democracia no se diluya en el tiempo.