Casi a la altura del escándalo de Abu Ghraib, en Bagdad, en 2004. Un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW) asegura que los más de 250 venezolanos que fueron enviados a la megacárcel de Nayib Bukele, en El Salvador, sufrieron torturas sistemáticas y prolongadas, además de abusos y ataques sexuales durante su detención. Acusados sin pruebas de formar parte del Tren de Aragua, los detenidos habían sido expulsados de Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump.

El informe, elaborado conjuntamente por HRW y Cristosal, una organización que investiga violaciones de derechos humanos en Centroamérica, afirma que las condiciones en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador infringen las normas mínimas de la ONU para el trato de los reclusos. Asimismo, el documento cita condiciones carcelarias inhumanas, como la detención prolongada en régimen de incomunicación, alimentación inadecuada y otras deficiencias.

Los grupos acusaron a la administración de Trump de una complicidad total con el sufrimiento de los detenidos, que llegaron a El Salvador en marzo y abril. Esto, a sabiendas que la deportación de estas personas implicaría llevarlas a un lugar donde serían maltratadas o enfrentarían amenazas de sus vidas. Entre otras cosas, los detenidos contaron que los llevaban a un lugar llamado “la isla”, donde se les castigaba por protestas, y algunos hablaron de guardias abusando sexualmente de ellos, mientras otros aseguraron que la presión psicológica los llevó al borde del suicidio.

Aun cuando lo encuentran altamente improbable, tanto HRW como Cristosal piden al Departamento de Justicia norteamericano una “investigación independiente” que de cuenta de las condiciones del CECOT, sobre todo considerando que muchos de los detenidos que expulsó Estados Unidos ni siquiera tenían antecedentes penales.

También exigen que la administración republicana deje de deportar a ciudadanos de terceros países a El Salvador. “Llegamos a la conclusión de que el gobierno de Trump es cómplice de la tortura sistemática y las desapariciones forzadas de venezolanos enviados a El Salvador”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. Citando informes previos del Departamento de Estado que documentaban las duras condiciones carcelarias en El Salvador, el documento señala: “La administración sabía que estaba enviando personas a un lugar donde podían ser torturadas y podían enfrentarse a riesgos que ponían en peligro sus vidas”.

El informe de 81 páginas describe de manera estremecedora las condiciones que sufrieron los venezolanos, muchos de ellos solicitantes de asilo que huían del régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro, y aproximadamente la mitad sin antecedentes penales, a pesar de las acusaciones oficiales de que los deportados eran miembros “terroristas” del Tren de Aragua, una organización criminal.

Según el informe, solo el 3% había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento. “Los detenidos fueron sometidos a palizas constantes y otras formas de malos tratos, incluyendo algunos casos de violencia sexual”, señala el reporte. “Muchos de estos abusos constituyen tortura según el derecho internacional de los derechos humanos”, indica.

Las personas detenidas en CECOT afirmaron haber sido golpeadas desde su llegada a El Salvador y durante todo su tiempo en detención, en lo que el informa indica, parece formar parte de una práctica diseñada para subyugar, humillar y disciplinar a los detenidos mediante la imposición de un grave sufrimiento físico y psicológico. Según el informe, los oficiales también parecen haber actuado bajo la creencia de que sus superiores apoyaban o toleraban sus actos abusivos.

De acuerdo con un exrecluso, identificado en el informe como Gonzalo Y., el director del centro tenía un mensaje escalofriante para los recién llegados tras su deportación de Estados Unidos: “Han llegado al infierno”, frase que da título al informe. El reporte, basado en más de 200 entrevistas y la corroboración forense de los testimonios de los entrevistados, detalla palizas infligidas por infracciones menores, como hablar demasiado alto, ducharse a destiempo o incluso pedir atención médica.

Tres de los prisioneros que hablaron para el informe aseguraron haber sido abusados sexualmente, con uno entre ellos diciendo que un guardia le obligó a hacerle sexo oral. “Jugaban con sus lumas en mi cuerpo”, declaró el detenido. El informe indica que es probable que haya aún más abusos sexuales que los reportados no han declarado, debido al estigma social que implica.

Del mismo modo, muchos de los entrevistados contaron que sufrían humillaciones constantes por parte de los guardias, que decían que “nunca saldrían con vida”, que “nadie sabía que estaban allí” y que “sus familias los habían abandonado”. Muchos aseguraron tener pensamientos suicidas, y al menos uno llevó a hechos una de esas ideaciones. “Caí en depresión. Quería suicidarme porque pensaba que, muerto, iba a estar mejor. Al final, lo único que me daba fuerzas es Dios, y mi familia, mi esposa, mi hija y mi madre”, contó Nelson, según el reporte.

Según el informe, la administración Trump pagó al régimen salvadoreño del presidente Nayyib Bukele unos 4,7 millones de dólares para cubrir los costos de la detención. Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, acusó a Washington de “utilizar el sistema penitenciario salvadoreño como un instrumento en un teatro de crueldad”. “Querían demostrar y enviar un mensaje de brutalidad”, afirmó. “Pero no sé si eran conscientes de hasta dónde llegaría ni de lo terribles que son los horrores de la tortura”.

La connivencia de Estados Unidos en lo que se describe como un patrón sistemático de tortura y abusos contra los derechos humanos evoca comparaciones con el escándalo del centro penitenciario de Abu Ghraib en Bagdad durante la “guerra contra el terrorismo” en Irak, afirma el reporte.

Aquel centro penitenciario fue el centro de un escándalo por el trato que los soldados norteamericanos dieron a los prisioneros, que incluía torturas sexuales y descargas eléctricas, todas registradas en fotos con los oficiales perpetradores sonriendo a la cámara.

El escándalo, en 2004, dañó la credibilidad de Estados Unidos en su guerra en Medio Oriente, y el Departamento de Defensa terminó expulsando a 17 soldados y oficiales por eso mismo. Sin embargo, los responsables superiores de aquellos incidentes nunca tuvieron que rendir cuentas, en lo que el propio Departamento de Estado llama “una mancha en la conciencia de ese país”.