Colombia podría vivir un momento histórico este lunes. Eso, porque una jueza de Bogotá decidirá si el expresidente Álvaro Uribe, de 73 año, es responsable de cargos de presunta manipulación de testigos, soborno en actuación penal y fraude en proceso judicial.

Durante la jornada se sabrá si el exmandatario (2002-2010) y exsenador será absuelto o condenado por hechos que se remontan a unos 13 años atrás y en los que Uribe pasó de demandante a imputado. La decisión está en manos de la Jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia.

De esta manera, Uribe, que niega todas las acusaciones, enfrentará un juicio penal. El líder del Centro Democrático, uno de los partidos de mayor oposición al gobierno de Gustavo Petro, podría ser el primer expresidente colombiano en ser condenado.

Se trata de un caso que ha mantenido la atención de la opinión pública y que ha desatado todo tipo de reacciones políticas. El fallo tendrá, según sostienen varios analistas, repercusiones directas en el desarrollo de la campaña electoral para elegir al próximo presidente de Colombia en mayo de 2026.

De ser encontrado culpable, el líder del Centro Democrático puede llegar a enfrentar una pena de prisión de entre 6 y 12 años.

Cómo comenzó

La historia del caso, a pesar del enredo jurídico, no es complicada, indica el diario El Colombiano. En 2010, mientras Álvaro Uribe dejaba la Presidencia de la República, tras ocho años en ella, el senador de izquierda Iván Cepeda llegaba por primera vez a la Cámara de Representantes.

Antes de asumir como congresista, en febrero de 2009, el miembro de Polo Democrático Alternativo viajó con Piedad Córdoba a Washington para entrevistar al exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, en calidad de vocero del Movimiento de Víctimas. Pidieron también conversar con Juan Carlos el “Tuso” Sierra, otro paramilitar extraditado, que compartía dormitorio con Mancuso.

Aquel dato es relevante porque Sierra reveló luego a medios de comunicación que lo habían buscado para ver si podía darles información que implicara a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago. Incluso, durante el juicio este año, Sierra contó que Danilo Rueda –el excomisionado de paz de Petro que también estuvo en la gira– quedó de gestionar el asilo para la familia de Sierra en Suiza y Francia.

“Me dijeron que los contactara con algún allegado mío en Medellín para que le entregara los papeles que se necesitaban para gestionar el asilo y yo les puse una persona”. Pero que en última instancia “no se gestionó absolutamente nada porque, como le digo, seguro las expectativas de la reunión, de lo que ellos querían escuchar, no lo satisfizo”, dijo a la juez.

En 2012, Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

La segunda denuncia de Cepeda

En septiembre de 2014, durante un debate en el Congreso, el senador de Polo Democrático Alternativo amplió sus acusaciones y aseguró tener testimonios sobre que Uribe tenía nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes, a los cuales el exmandatario habría dado órdenes para formar grupos armados en Antioquia.

Para apoyar sus acusaciones, presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.

En aquel momento, Uribe fue acusado de haber fundado el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó de manera sanguinaria a las guerrillas y que dejó miles de civiles muertos.

Pero el exmandatario respondió a la acusación de Cepeda con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en su contra y lo acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.

La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en los que han declarado tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados.

Uribe, de demandante a imputado

No obstante, y contrario a lo esperado por el expresidente, en 2018 la Corte Suprema cerró el caso contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario para determinar si en realidad él había intentado manipular a testigos para desacreditar al senador.

En agosto de 2020, Uribe renunció a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente, recuerda el diario colombiano El Tiempo.

Su equipo de abogados solicitó hasta en dos ocasiones el cierre del caso, lo que fue negado tanto por los juzgados de primera instancia en los que fue presentado como por el Tribunal Superior de Bogotá.

Pero la situación cambió drásticamente cuando el fiscal Gilberto Villarreal asumió el caso el 16 de enero de 2024. Entonces, el 9 de abril del año pasado, el fiscal afirmó que, a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios, sí había motivos para acusar a Uribe.

Las víctimas del caso consideran que el expresidente, a través del abogado investigador Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra de Uribe y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con Cepeda.

De qué se le acusa

Ya en 2020, Uribe había sido privado de su libertad (bajo la modalidad de arresto domiciliario), acusado de fraude procesal y soborno, convirtiéndose en el primer presidente de la historia del país en tener que cumplir esa sanción, recuerda la cadena BBC.

El fiscal Villarreal, tajante en su forma de llevar el caso, acusó a Uribe de haber sido el “determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal”.

Para Villarreal, esto implica que por “provecho suyo o de un tercero entregue o prometa una utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga a concurrir a declarar o para que falte a la verdad total o parcialmente”.

Igualmente lo acusó de “concurso homogéneo sucesivo de dos curules de fraude procesal”, es decir, que “por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.

También por “determinador del delito de soborno”, porque entregó o prometió “dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio”.

Petro va a “proteger la decisión” de la juez

Mientras el país está expectante y dividido en torno al fallo contra el expresidente Uribe, este y el actual presidente Gustavo Petro volvieron a embarcarse en sus viejas rencillas políticas.

El martes, el mandatario escribió a través de su cuenta de X un mensaje en el que señala “la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado” por el mediático juicio contra Uribe, y dijo estar comprometido con “proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera”.

Al respecto, el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, criticó que “esa expresión del presidente Gustavo Petro es hipócrita. Una expresión que no es veraz, que es mentirosa, que no corresponde con la realidad porque él, en el pasado reciente, cuestionó la decisión del juez que absolvió a su hermano, Santiago Uribe, en diciembre pasado, en el caso conocido en Colombia, como ‘Los 12 apóstoles’”, dijo en entrevista con La Tercera.

“Y en este caso concreto dio varias intervenciones, en su cuenta de X, en donde hizo alusiones a este caso, así que estas manifestaciones recientes no son creíbles, son falaces y sí constituyen una verdadera presión e intromisión del presidente de la República en el Poder Judicial”, agregó Granados.

Lo que dicen Uribe y su defensa

El expresidente conservador insiste en que las acusaciones responden a intereses políticos.

En los alegatos finales del juicio, el exmandatario afirmó: “Se ha dicho que me interesaba desacreditar al senador Cepeda, y no. A mí me interesa mi reputación, mi compromiso con Colombia, con mi familia, con mi señora, con mis hijos, con mis nietos, con las nuevas generaciones. La conciencia me dice que he dicho la verdad en la vida pública. Y entonces sí, por supuesto, me había llamado la atención todo lo que había dicho el senador Cepeda, que venía maltratándome”.

Otro elemento político que el exmandatario acusa, en un comunicado enviado a La Tercera, es que “la anterior Fiscalía General asignó el proceso al fiscal Gilberto Villarreal, quien no se declaró impedido, no obstante que fue nombrado y promovido por Eduardo Montealegre en su época de Fiscal General, quien es actual Ministro de Justicia y supuesta víctima mía”.

“Debe anotarse que cuatro procuradores, a quienes no conozco, han coincidido en emitir concepto favorable a mi preclusión o absolución”, criticó el líder opositor.

También apuntó a la participación de su rival Cepeda en la declaración de los testigos. “Una de las supuestas víctimas está asilada en el extranjero. Tuvo ayuda del senador Cepeda, fue señalada por Inteligencia Militar y por los habitantes de su pueblo como integrante de la FARC. Contra ella hay una denuncia por lavado de activos en la compra de una finca para la familia del testigo principal”, denunció.

Y, ad portas del juicio de este lunes, el abogado Granados añadió a este medio que “es claro que la Fiscalía en sus alegatos de cierre tergiversó, de manera grave, el testimonio de Álvaro Uribe Vélez en su defensa cuando él manifestó con un signo de exclamación que cómo se le ocurría que él iba a pagar honorarios o dar algún tipo de dinero a cambio de un soborno”.

“Lo que ha sucedido es que Iván Cepeda es quien realmente vimos que estuvo manipulando testigos”, aseguró.

El plan de Cepeda

El fallo de este lunes será clave para definir el futuro político del senador Iván Cepeda Castro, según la prensa Colombia. A pesar de que el senador del Pacto Histórico aún no ha expresado públicamente sus intenciones de llegar a la presidencia, el juicio que se adelanta sería decisivo para atraer apoyo político y ampliar su influencia a nivel nacional.

“Yo siento que está esperando cómo le va en el resultado del veredicto del juicio de Álvaro Uribe. También debe estar midiendo su fuerza física. Sabemos que Iván es un gran luchador, ha superado dos enfermedades graves (...) Si Iván logra que se condene al expresidente Uribe, se va a convertir en un héroe de las personas que no quieren a Uribe”, dijo el precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, a la revista colombiana Semana.

Por su parte, Cepeda afirmó en X: “Con orgullo y satisfacción podemos decir, luego de una lucha de 13 años que ha incluido toda clase de persecuciones, que el 28 de julio de este año, a las 8.30 a.m., la jueza Sandra Liliana Heredia dará a conocer el sentido del fallo en el juicio contra el acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio por los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo, soborno en actuación penal en concurso homogéneo y soborno”.

Impacto en la campaña

En declaraciones al diario El País, Germán Ayala, politólogo y analista del caso, afirma que la decisión de este lunes “es un hito jurídico y político para el país para recuperar la credibilidad de la justicia”, porque Colombia, asegura, se ha acostumbrado “a que la gente poderosa está por encima de la ley y los jueces”.

Andrea Arango, docente de Ciencia Política y politóloga de la Universidad de Antioquia, tiene una visión distinta sobre el tema, que resume en una frase: “Tanto la condena como la absolución lo benefician electoralmente”.

Para la politóloga, la muerte política del uribismo está lejos de suceder porque, en una eventual condena, “se puede fortalecer la narrativa del uribismo de la persecución política y la judicialización infundada que tiene eco en sus propios electores, que se pueden radicalizar, y logrará validez en ciertos sectores norteamericanos como los republicanos”.

“Si lo absuelven, el tema para la derecha queda hasta ahí; en cambio, si es condenado, el caso tiene un eco mayor, incluso internacionalmente, y políticamente le va a ayudar al uribismo mucho más en las elecciones”. Lo que está en juego, según la académica, no son las cartas políticas del Centro Democrático para 2026, sino las del Pacto Histórico, el partido del petrismo. “A Iván Cepeda le han rogado mucho en su movimiento político para que sea candidato presidencial, pero deben estar esperando el fallo de la jueza“, comentó a El País.

“Como cabeza de la defensa de Uribe Vélez, no contemplamos la posibilidad de un fallo negativo”, dice a La Tercera su abogado Jaime Granados. “Ahora, hipotéticamente, en el evento extraordinario de que ocurriera un fallo negativo y que por supuesto rechazaremos (...) tendríamos a disposición las herramientas de un recurso de apelación o de alzada que se tramita ante el Tribunal Superior de Bogotá, ante una sala de tres magistrados quienes tendrán en sus manos la revisión del caso, y podrá revocarse, si se diera este caso hipotético. Y de esa manera restablecer el orden jurídico, si llegara a ocurrir, pero, insistimos, a nuestro juicio, el fallo debería ser absolutorio”.

En cuanto al impacto del juicio en la imagen política de Uribe, Granados asegura que “hoy sigue siendo, a pesar de todos estos ataques, el líder de la oposición en Colombia y la esperanza de que se forme una coalición de los sectores democráticos que defienden la Constitución y la ley para enfrentar los desafíos del gobierno disruptivo que ha desafiado las instituciones del señor presidente Gustavo Petro y que permita que a partir del 2026 se recupere la posibilidad de ejercer el poder no solo desde el Congreso y presidencia, sino que también devuelva el rumbo a una sociedad que se encuentra hoy en día perpleja por la situación grave de violencia que vive Colombia”.