La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este viernes al gobierno del presidente Donald Trump despojar de las protecciones legales a más de 300.000 migrantes venezolanos, dándole a su administración otra victoria en su esfuerzo por expulsar rápidamente a los no ciudadanos estadounidenses.

Como informó CNN Internacional, en una orden breve, y con el desacuerdo de los tres miembros liberales de la corte , la mayoría de los jueces dictaminó que el gobierno de EE.UU. podía seguir adelante con sus planes de poner fin a una forma de ayuda humanitaria conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, haciéndolos más vulnerables a la deportación.

De esta forma, la sentencia, vigente mientras dure el proceso judicial, suspende el fallo de un tribunal inferior presidido por el juez federal de distrito Edward Chen en San Francisco, que determinó que la administración Trump había cancelado indebidamente el estatus de protección temporal para estos inmigrantes.

El gobierno solicitó a los jueces a principios de este mes que le permitieran retirar las protecciones contra la deportación que se habían extendido a unos 300.000 venezolanos residentes en el país. Lo que vino después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomara la decisión de cancelar el TPS para los migrantes venezolanos.

El tribunal había llegado a un resultado similar en el mismo caso en mayo. Tras esa decisión, un tribunal de distrito de California dictó un fallo más permanente contra la administración Trump, lo que reanudó el proceso de apelación de emergencia que finalmente regresó a la Corte Suprema.

“Si bien la postura del caso ha cambiado, los argumentos jurídicos de las partes y los perjuicios relativos en general no lo han hecho”, escribió el tribunal en su orden de este viernes. “El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado en este caso”, remarcó.

Los abogados de los migrantes le dijeron al tribunal que algunos de ellos perdieron sus trabajos y hogares, mientras que otros fueron detenidos y deportados después de que los jueces intervinieron la primera vez.

Una de las juezas que estuvo contra la orden, Ketanji Brown Jackson, emitió una declaración explicando su postura, donde Jackson criticó la forma en que el tribunal manejó el caso, afirmando que estaba permitiendo que la administración “interrumpiera tantas vidas como fuera posible, lo más rápido posible”.

El congreso de EE.UU. creó el Estatus de Protección Temporal en 1990 para prevenir las deportaciones a países afectados por desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas. Esta designación puede ser otorgada por el secretario de Seguridad Nacional.