Tomando a Giorgia Meloni y su plan albanés para deportar migrantes como ejemplo, la Unión Europea está buscando el apoyo de la ONU para poder deportar solicitantes de asilo que hayan sido rechazados. Para esto, la idea es poder llevarlos a otros países, fuera del bloque.

Los ministros de Interior de los distintos países europeos se reunieron hoy en Dinamarca para discutir un plan en conjunto, y se está diseñando el plan para que las agencias para los refugiados tomen parte. El fin es contar con “lugares seguros” para deportar a los solicitantes de asilo, y ya se han planteado países como Túnez, Mauritania, Jordania, Egipto y Uganda.

Si un esquema similar se intentó desde Reino Unido a Ruanda, la presidenta de la Unión Europa, Ursula von der Leyen, citó como ejemplo de lo que intenta hacer el trato que hubo entre Italia y Albania, en el que el primer país deportaba migrantes al segundo. Además, el bloque europeo está amenazando con cortar la ayuda humanitaria a los países africanos que no quieran colaborar con la recepción de deportados.

La reunión de hoy en Copenhague contó con los ministros de Interior de los países miembros de la Unión Europea, incluyendo al alemán Alexander Dobrindt, considerado “de la línea dura” en políticas migratorias. Alemania lleva tiempo conversando con distintos gobiernos para negociar la deportación de sus solicitantes de asilo de origen sirio y afgano: al no tener buenas relaciones con este último país, Berlín no tiene cómo deportar gente hasta allá.

Respecto a los solicitantes de asilo en general, el medio británico The Times señaló que más del 80% de los solicitantes rechazados que han recibido “órdenes de abandonar” países de Europa, no lo han hecho. Al respecto, el portal especifica que este número incluye “peligrosos criminales y personas sospechosas de llevar a cabo ataques terroristas”.

Ahora bien, si la Unión Europa parece estar imitando el “modelo de Ruanda”, con el que Reino Unido preparó centros de recepción de solicitantes de asilo fuera de sus fronteras, el bloque teme que sus planes se hagan agua por motivos legales, y por eso mismo busca el apoyo de la ONU y sus organizaciones de refugio.

Bajo estos planes, a los migrantes alojados en los “centros de retorno” ya se les habría denegado el asilo, a diferencia de los contemplados en el plan británico para Ruanda o los centros de asilo albaneses de Italia. La ACNUR no ha descartado apoyar estos centros de deportación de la UE, pero ha solicitado numerosas garantías legales que diluirían y restringirían las facultades de los gobiernos nacionales para detener y deportar a los solicitantes de asilo rechazados.

En virtud de una nueva directiva de retorno de la UE, presentada en marzo, las deportaciones se llevarán a cabo al país de origen del migrante o a un país por el que haya transitado, así como una nueva opción de “centro de retorno”, una idea que anteriormente se había descartado como ilegal. La ONU se ha opuesto, entre otras cosas, a que países de la Unión Europea puedan deportar a solicitantes rechazados en medio del proceso de apelación.

Con miras a reforzar la operación de “terceros países”, la Comisión Europea propuso condicionar la ayuda al desarrollo de los países africanos. La idea es que si no cooperan en detener o recibir a sus migrantes, se les cortará el presupuesto de los proyectos de desarrollo.

Bajo el instrumento Global Europe, la asignación de ayuda podría depender ahora de la cooperación de un país con las devoluciones, las readmisiones y los controles fronterizos. Documentos internos de la UE citados por Financial Times y Reuters afirman que “los países que no cumplan con los acuerdos de deportación podrían ver recortada la ayuda”. Esta medida ha generado críticas por parte de organizaciones humanitarias, como Oxfam, que la califica de “distorsión de los objetivos de desarrollo de la UE” y de “solución política a corto plazo” para problemas estructurales más profundos.

Otro cambio reciente, que tuvo lugar en abril y afecta a un país latinoamericano, fue la de declarar a Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez como “países de origen seguro”. Esto significa que, en una primera instancia, los solicitantes de asilo de estos países serán menos considerados, ya que la medida introduce una presunción de que sus solicitudes carecerían de mérito.

El cambio de política se produce en medio de la creciente presión en Europa para frenar la migración irregular a través de las rutas del Mediterráneo y el Sahara. La presión es particularmente intensa desde países como Alemania, Italia y Grecia, donde los gobiernos nacionales se enfrentan a una creciente oposición interna a los solicitantes de asilo, que entre otras cosas se ha reflejado en los resultados electorales recientes.

Grecia, por ejemplo, está viendo una gran cantidad de migrantes irregulares en sus destinos turísticos. Desde principios de julio, más de 2 mil migrantes irregulares han llegado en barco desde el norte de África a la isla griega de Creta. A medida que el número crece a diario y las autoridades tienen dificultades para proporcionar refugios temporales, la población local está preocupada por un posible impacto en el turismo.

Respecto al contexto migratorio europeo, el ministro de Interior francés, Bruno Retailleau, señaló que mantener el statu quo, hoy por hoy, ya no es una opción. “Hoy nuestros estados están totalmente desarmados, especialmente ante las expulsiones forzosas. En toda Europa, ya sean gobiernos conservadores o socialdemócratas, todos los pueblos comparten la misma exigencia: el control de la inmigración masiva que se nos ha escapado por completo”.

Por su parte, el ministro de Inmigración danés, Karen Dybvad, que presidió las conversaciones en Copenhague, enfatizó en que un plan coordinado se necesitaba de manera urgente “para controlar el flujo migratorio dentro de una esfera democrática”. Esto, a medida que las elecciones dan cada vez mejores resultados a partidos nacionalistas y populistas.

“El sistema europeo de asilo está roto y necesitamos soluciones innovadoras”, declaró antes de las conversaciones: “Estamos bajo presión. Necesitamos que las personas regresen más rápido, necesitamos soluciones innovadoras y acuerdos fuera de la UE”.