El gobierno boliviano denunció este jueves ante la fiscalía al expresidente Evo Morales por “terrorismo” y otros siete delitos, luego de que se difundiera un presunto audio en el que ordena radicalizar las protestas y aislar La Paz con bloqueos de carreteras, informó el ministro de Justicia de ese país, César Siles.

“Entre los principales delitos que se han denunciado se encuentra terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos”, entre otros, declaró Siles a la prensa.

La ley establece una pena de 15 a 20 años por terrorismo, el delito más grave.

El miércoles un exdirigente cercano a Morales difundió a los medios una supuesto registro telefónico en el que se escucha una voz, que él atribuye al exmandatario, instruir que se cierren dos importantes caminos de acceso a La Paz, sede de gobierno.

“Hemos pedido (...) al Ministerio Público que actúe con la debida celeridad, que pueda rápidamente admitir esta denuncia”, dijo Siles.

En el audio también se escucha decir presuntamente al líder indígena “es con todo hermanos, es la batalla final. Nos ganan o perdemos. Yo veo que la situación va a empeorar, al Lucho (el presidente Luis Arce) no le cree nadie, va a empeorar esto”.

Durante cuatro días, partidarios de Morales han paralizado las principales vías del centro de Bolivia, sobre todo el departamento de Cochabamba, su bastión político.

Exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quien culpan de la crisis económica y de manipular la justicia y el órgano electoral para excluir a Morales de las elecciones de agosto próximo.

De acuerdo con el gobierno, este jueves se reportaron “más de 40 puntos de bloqueo” en todo el país.

La policía realizó operativos para despejar las rutas, acciones que dejaron unos 19 uniformados heridos y varios detenidos.

Morales, que gobernó Bolivia en tres períodos entre 2006 y 2019, no consiguió inscribir su candidatura antes del plazo que venció en mayo por no tener un partido político.

Insistía en participar en las elecciones del próximo 17 de agosto pese a que un fallo de la justicia no permite más de una reelección presidencial.

Desde octubre pasado se encuentra en la zona cocalera del Chapare, en Cochabamba, donde se refugia de una orden de captura por un caso de presunta trata de una menor, que él niega.