El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a la totalidad de su gabinete ministerial, firmó este lunes el Decreto 1390, mediante el cual declaró el estado de emergencia económica en el país.

La medida extraordinaria contemplada en la Constitución habilita al Ejecutivo a dictar decretos con fuerza de ley para enfrentar una crisis que, según el propio gobierno, ya no puede resolverse con los mecanismos ordinarios del Estado.

La decisión ocurre luego del fracaso de la más reciente reforma tributaria en el Congreso, lo que dejó al Ejecutivo sin una de sus principales herramientas para financiar el gasto público.

Según el documento, la emergencia tendrá una duración inicial de 30 días, aunque la Carta Magna permite extenderla hasta 90 días en el año, si las condiciones así lo ameritan.

¿Qué significa una emergencia económica?

La declaratoria se sustenta en el artículo 215 de la Constitución colombiana, que autoriza al presidente a asumir facultades legislativas temporales cuando exista una grave e inminente perturbación del orden económico, social o ecológico.

Bajo este régimen, el gobierno puede crear o modificar impuestos de manera transitoria, reorganizar el presupuesto y adoptar medidas urgentes para evitar una paralización del Estado.

No obstante, dichas decisiones no quedan fuera de control institucional, puesto que todos los decretos deberán ser revisados por la Corte Constitucional y estarán sujetos al control político del Congreso, que deberá ser convocado una vez finalizado el periodo de emergencia.

Los principales focos de urgencia

Uno de los argumentos centrales del decreto firmado por la administración de la nación colombiana tiene que ver con la crítica situación financiera del sistema de salud, especialmente en el régimen subsidiado que atiende a la población más vulnerable.

Según reportan medios locales, la Corte Constitucional de dicho país ordenó que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de este régimen se iguale al 95% de la del régimen contributivo.

Aunque esa meta se habría alcanzado en 2019, para 2022 el nivel volvió a caer hasta 88,9%, generando un déficit que hoy resulta insostenible.

Según el gobierno de Petro, para cumplir los fallos judiciales y garantizar el derecho a la salud, se requieren $3,3 billones adicionales para 2026.

En este sentido, el decreto de emergencia económica advierte que, sin esos recursos, millones de colombianos verían seriamente amenazada su atención sanitaria.

Otro de los factores que sustentan la emergencia apunta al deterioro del orden público.

El documento menciona ataques de grupos armados ilegales en regiones como Cauca, César y Norte de Santander, incluso mediante el uso de drones, lo que ha dejado víctimas fatales, heridos y un fuerte impacto en la economía local.

Ante este escenario, el Ministerio de Defensa del país sudamericano estima que se necesitan $2,7 billones para modernizar la tecnología y mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública.

El vacío fiscal tras el rechazo del Congreso

El gobierno de Petro también fundamenta la medida en el bloqueo legislativo a sus proyectos de financiamiento. Según el decreto, el Congreso no aprobó dos iniciativas clave: una por $12 billones para 2025 y otra por $16,3 billones para 2026.

Esta negativa -sostiene el Ejecutivo- habría generado un “desbalance gigante” entre las necesidades de gasto del Estado y los ingresos disponibles, agravando la fragilidad fiscal.

Como respaldo técnico, el decreto cita el deterioro de las finanzas públicas del Gobierno Nacional Central. Según reportes de medios colombianos, el déficit fiscal habría cerrado 2024 en 6,7% del PIB, y para 2025 se proyectaba un aumento hasta 7,1% del PIB, cifras que, a juicio del Ejecutivo, configuran una “coyuntura fiscal excepcional”.

En ese contexto, el gobierno de Petro sostuvo que la emergencia económica es la única vía disponible para evitar una profundización de la crisis económica y social, mientras se mantiene bajo la lupa de la Corte Constitucional y del propio Congreso.