La jueza Karin Immergut, del Tribunal Federal del Distrito de Oregón, emitió este sábado 4 de octubre una orden de restricción temporal que impide al presidente Donald Trump y a su gabinete desplegar a 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón en Portland.

La medida responde a una demanda presentada por el Estado y la Ciudad de Portland, que acusaron al gobierno federal de haber actuado fuera de sus atribuciones constitucionales.

La controversia surgió luego de que Trump autorizara, el pasado 27 de septiembre, la movilización de tropas para “proteger” instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a protestas.

Dicha orden había sido cuestionada por la gobernadora Tina Kotek, quien rechazó activar la Guardia Nacional al señalar que las manifestaciones, mayoritariamente pacíficas desde julio, podían ser contenidas por la policía local y los refuerzos federales ya disponibles.

En su fallo, la jueza Immergut (que había sido nominada por Trump) sostuvo que la Casa Blanca no presentó una base mínimamente fundada para invocar la norma que permite federalizar tropas estatales.

Según el tribunal, ni existía una insurrección, ni el gobierno demostró que las fuerzas regulares fueran incapaces de hacer cumplir la ley. “La determinación presidencial estaba desligada de los hechos sobre el terreno”, señaló.

El tribunal advirtió además que la decisión vulneraba la Décima Enmienda de la Constitución, que resguarda la soberanía de los estados.

Según argumentó la corte, Oregón tiene derecho a decidir sobre el uso de su Guardia Nacional salvo en circunstancias extraordinarias claramente definidas por el Congreso. “Esta nación se rige por la ley constitucional, no por la ley marcial”, enfatizó la jueza.

La orden de restricción estará vigente hasta el 18 de octubre, plazo en que las partes deberán seguir compareciendo ante el tribunal. Mientras tanto, las tropas no podrán ser desplegadas en Portland bajo el mando federal.

El caso, que recuerda episodios similares en California a mediados de este año, podría sentar un precedente relevante sobre los límites de la autoridad presidencial frente al poder de los estados, especialmente en materia de seguridad interna y protestas sociales.