“No es un secreto para nadie”. Así respondió este jueves el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al confirmar que vetará la ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos la del expresidente Jair Bolsonaro.

“Ya lo he dicho hace tiempo, las personas que cometieron un crimen contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos”, reafirmó Lula en una conferencia de prensa desde el Palacio del Planalto. “Cuando llegue a mi mesa, lo vetaré. No es un secreto para nadie”, reiteró.

El mandatario izquierdista explicó que su veto responde a la necesidad de conocer todos y cada uno de los aspectos de lo ocurrido aquel 8 de enero de 2023, cuando miles de personas atacaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, instigados por ese núcleo central del que Bolsonaro ejercía como cabecilla. “Todavía no ha acabado el proceso”, recordó.

“Todavía no sabemos quiénes lo financiaron. Tenemos que tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023 y hay personas que quieren que se olvide, pero no nos podemos olvidar porque si nos olvidamos de la importancia que tiene la democracia para una nación, perderemos la partida”, señaló.

Las declaraciones de Lula se produjeron después de que el pleno del Senado, siguiendo la decisión de la Cámara de Diputados la semana pasada, aprobara la noche del miércoles el proyecto con 48 votos a favor, 25 en contra y una abstención.

Bolsonaro, de 70 años, comenzó a cumplir en noviembre una condena de 27 años de prisión y, según las normas actuales, debía pasar al menos ocho años encarcelado antes de poder acceder a un régimen penitenciario más flexible.

Sin embargo, la nueva legislación -que modifica la forma en que se calculan las penas para ciertos delitos- podría permitir que Bolsonaro cumpla poco más de dos años de prisión.

La ley está dirigida específicamente a beneficiar a los condenados por el complot golpista, así como a más de 100 seguidores de Bolsonaro encarcelados por su participación en los disturbios de enero de 2023 contra las sedes del poder en Brasilia, poco después de que Lula asumiera el cargo. El senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro, celebró que la ley permita “sacar a esas personas de prisión, que es lo más importante ahora mismo”.

Tras bastidores, señaló el medio G1 de Globo, circuló información de que el líder del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Jaques Wagner, a cambio de votos sobre proyectos económicos de interés para el gobierno, había decidido no obstruir el análisis de la iniciativa que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022.

Wagner negó haber llegado a ningún acuerdo sobre esta votación. Este jueves, Lula reiteró que el gobierno no había llegado a ningún acuerdo al respecto. “Si hubo un acuerdo con el gobierno, no me informaron. Entonces, si no se informó al presidente, no hubo acuerdo. He dicho que quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos contra este país”, reiteró.

El presidente tendrá 15 días hábiles desde que el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, reciba el proyecto de ley para decidir si lo aprueba o lo veta. Si el mandatario lo veta, el asunto regresa al Congreso para su consideración.

Los diputados y senadores decidirán entonces si confirman o revocan el veto. Para revocarlo, necesitan el apoyo de 257 diputados y 41 senadores. Si se revoca el veto, la propuesta se convierte en ley.

Si la propuesta entra en vigor, podrá ser impugnada por partidos políticos, asociaciones profesionales, la Fiscalía General de la República y el propio gobierno. Estas son algunas de las entidades autorizadas por la Constitución para interponer demandas ante la Corte Suprema cuestionando la validez de las leyes.

Si el asunto llega a la Corte Suprema, corresponderá a los magistrados decidir si la ley se ajusta a la Constitución. De lo contrario, la ley será anulada.

Asimismo, detalla G1, a petición de los propios parlamentarios, mediante un mandato de seguridad, la Corte Suprema puede impugnar la tramitación del proyecto de ley. Una solicitud en ese sentido ya fue presentada ante el máximo tribunal por los líderes de los partidos PT, el Partido Socialista Brasileño, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Socialismo y Libertad en la Cámara de Diputados.

Consideran que hubo irregularidades en los procedimientos del Senado. Por un lado, por el uso de una supuesta enmienda de redacción para modificar la sección que trata sobre la progresión de los regímenes penitenciarios. En la práctica, entienden que el cambio en el texto fue sustancial y, por lo tanto, debería volver a la Cámara de Diputados. Asimismo, cuestionan la reducción de los plazos de revisión en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado.

La columnista del diario O Globo, Míriam Leitão, criticó que mientras la Corte Suprema concluyó el castigo a los golpistas del 8 de enero, “el Congreso se apresuró a reabrir el ciclo histórico de impunidad”.

“A veces da la impresión de que Brasil vive en dos realidades. Vivimos en un país que quiere acabar con la impunidad de quienes atentan contra la democracia, y también en un país que considera esto un delito menor y, por lo tanto, susceptible de reducción de penas e incluso de amnistía. Vivimos en un país que encarceló a un expresidente, a los generales y coroneles que lo ayudaron en el intento de golpe de Estado. Y estamos en un país que negocia políticamente para sacarlos de la cárcel lo antes posible”, escribió Leitão.

Polémica con Milei

En paralelo a los problemas internos, el gobierno de Lula enfrenta una polémica la administración de su par argentino, Javier Milei. El canciller brasileño, Mauro Vieira, decidió reaccionar a la publicación de un mapa de América del Sur por parte del mandatario libertario, que mostraba a Brasil y a los países con gobiernos de izquierda en Sudamérica como un conjunto de favelas, mientras que Argentina, junto con otros liderados por la derecha, era retratado como moderno y futurista.

En un mensaje a la columna de Mônica Bergamo, del diario Folha de Sao Paulo, Vieira afirmó que “este mapa publicado por el presidente Milei necesita una actualización urgente”. Y prosiguió enumerando datos positivos de Brasil en comparación con Argentina, sin mencionar, sin embargo, al país vecino.

“Con el presidente Lula en el cargo, Brasil se moderniza y enfrenta sus problemas sociales, sin ocultarlos bajo la alfombra. Tiene ciudades modernas, una economía en crecimiento, los niveles de desempleo más bajos, reservas internacionales de US$ 360 mil millones y acaba de ser eliminado del Mapa del Hambre, utilizando sus propios recursos”, afirma el canciller brasileño.

Viera, en su mensaje, también recuerda que Brasil tiene “una moneda estable hace 30 años, saldamos nuestra deuda hace 20 años y no le debemos ni un centavo al FMI”.

Este intercambio de comentarios indirectos se produce días antes de la 67ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en Foz do Iguaçu, prevista para este sábado.