En menos de 12 horas el miedo se apoderó de Manabí el 19 de julio, luego de que en distintos momentos fueran asesinadas 15 personas. Normalmente, esa provincia costera de Ecuador tiene problemas con las bandas que controlan el narcotráfico, pero esta vez “se le agotó la paciencia” al presidente Daniel Noboa, quien respondió enviando dos mil militares a la región.

“Se intensifica la presencia del Bloque de Seguridad (formado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional) en los sectores conflictivos, accesos viales, puertos, barrios y zonas comerciales”, informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del país.

Los militares realizarán control de armas, munición y explosivos en patrullajes a pie de calle y puntos fijos de vigilancia, además de actividades de inteligencia en Manabí, una de las siete provincias de Ecuador en las que se mantiene el estado de excepción decretado por Noboa contra el crimen organizado, desde que a inicios de 2024 declaró al país bajo “conflicto armado interno” para contrarrestar la escalada de violencia.

Los medios ecuatorianos adjudican este repunte en la violencia a la recaptura de “Fito”, el líder de Los Choneros, y cuyo nombre real es José Adolfo Macías Villamar. Su detención el pasado 25 de junio a las afueras de Manta, cuna y bastión de este grupo de delincuencia organizada, habría reanimado el conflicto con Los Lobos, el otro gran grupo del crimen organizado ecuatoriano.

Los asesinato empezaron en Manta cuando cuatro personas fueron acribilladas en medio de la calle, con hombres armados y vestidos con ropa militar. Entre los asesinados estaban Leonardo Briones Chiquito, cabecilla y figura clave en el lavado de dineros de Los Lobos, y su esposa, Génesis Mendoza. Además murieron en el lugar dos militares en retiro que ejercían de guardaespaldas de la pareja.

Luego, en el cantón (municipio) de Jaramijó fueron acribilladas cinco personas en un prostíbulo, lo que habría sido una venganza contra Los Choneros bajo la firma de la banda criminal Los Pepes. Esta matanza, indican los medios locales, presuntamente fue respondida con otros seis muertos unos días después en el cantón de Montecristi.

Ese mismo sábado fueron asesinados también un policía y un guardia penitenciario. Además, esa misma semana la policía encontró cinco cuerpos sin vida, maniatados, de un grupo de jóvenes originarios de Manta “que habían salido de paseo unos días a Puerto López, otra ciudad de la región”, según AFP.

El gobierno ecuatoriano envió otros dos mil militares a la región, considerando que ya está en un estado “de conflicto interno” declarado hace casi un año, contra los distintos grupos criminales que operan en el país. Sin embargo, este movimiento también tuvo consecuencias mortales, cuando este jueves un ataque contra los militares terminó con la vida del uniformado en servicio activo Cristhian Márquez y su hija de un año de edad, que se movilizaban en un vehículo.

Sin ser la provincia más poblada, Manabí -con 1,7 millones de habitantes- ha sido testigo de distintas tragedias en su territorio por causa del crimen organizado. Ya en enero era la segunda provincia más violenta del país: ese mes se habían registrado 123 muertes violentas.

Solo la ciudad de Manta contabiliza más de 260 muertes violentas en lo que va del año, un aumento relacionado -según las autoridades- con las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Según el diario El Comercio, la policía informó que en Manta reina el sicariato por acaparar la ruta de la droga, mientras que Jaramijó se ve golpeado por el reclutamiento de pescadores para el envío de cocaína por alta mar hacia Centroamérica.

Montecristi tiene una superficie de 733 kilómetros cuadrados y usan sus vías despobladas para arrojar cadáveres, mientras que en algunos sitios de la zona rural aplanan sus tierras para el despegue de avionetas cargadas con droga, según la policía.

En conversación con La Tercera, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, explica lo que ocurre en la provincia costera: “Manabí siempre ha tenido problemas de violencia vinculados a la presencia de narcotráfico y de crimen organizado, no solo por el hecho de la existencia de los territorios principales, precisamente de Los Choneros y de Los Lobos, sino por ser, en definitiva, uno de los canales de salida del narcotráfico”.

En ese sentido, la condición costera de la provincia hace que los grupos criminales utilicen esta ubicación estratégica cercana a rutas de tráfico internacional, cercana a puertos internacionales. “Ahora bien, dentro incluso de esta provincia había ciertos territorios considerados neutrales o de paz, que lamentablemente después de la recaptura de Fito y en los últimos días se han tornado violentos, entonces creo que hay que seguir con mucha atención lo que suceda en Manabí en las próximas semanas a propósito de este tema”, apunta Alarcón.

“En Manabí hay una situación de alta pobreza, de falta de oportunidades, especialmente en un grupo etario de jóvenes, lo cual convierte también a la sociedad manabita en un blanco fácil para el reclutamiento de los grupos”, agrega el experto.

Por su parte, el docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Simón Pachano comentó a La Tercera: “Lo más probable es que se trate de lucha por el territorio o, en términos más generales, por el control del tráfico de drogas. Es evidente que el factor desencadenante fue la deportación de Fito, ya que deja sin cabeza al principal grupo que opera en Manta”.

Al respecto, Manabí y Manta en particular se han vuelto los puntos principales de exportación de droga, sobre todo en el principal puerto pesquero, que se concentra en el atún, y que ahora los traficantes usan para sus actividades. “Chantajean por medio de secuestros y otras formas a las empresas, o directamente las penetran o, como quedó en evidencia con el asesinato de una pareja bastante conocida, forman empresas de exportación con fachada legal”, indica Pachano.

“También hay evidencia de la penetración en las instancias judiciales y en las autoridades locales, como se vio cuando fue asesinado el alcalde de Manta”, señala en alusión al caso de Agustín Intriago, quien murió en julio de 2023 tras recibir seis disparos, la mayoría en el pecho.

Luego de un 2023 de pesadilla y una invasión de hombres armados a un canal de televisión TC de Guayaquil, en enero de 2024, el gobierno de Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” en el país, apuntando a más de 20 grupos criminales. Sin embargo, más de un año después y con reelección de Noboa de por medio -en abril pasado-, los resultados de la medida no tienen una celebración unánime.

“Ha transcurrido un año y medio y durante este tiempo no ha mejorado la situación de violencia en el país. Prueba de ello es que si se revisan las cifras de muertes violentas del año 2025 veremos que son las peores de la historia de Ecuador. Estamos hablando de que si se comparan las cifras de los últimos cinco años, las muertes violentas reportadas, sin contar incluso su registro, en los primeros trimestres de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, esta es la peor época”, comenta Alarcón.

Al respecto, el analista recuerda que el gobierno nacional utilizó este tema a propósito de un aumento de impuestos para dar mayores y mejores insumos a los grupos como la Policía Nacional, “se reformó la Constitución para que los militares puedan hacer trabajo complementario de seguridad interna, pero en la práctica esto no ha traído mejoras en el aspecto general de seguridad”. Frente a este panorama, Alarcón tiene muchas dudas respecto de lo que sea capaz de hacer el gobierno.

Por su parte, Pachano apunta a una manera más inteligente de combatir a los grupos narcos: “Las acciones del gobierno se han dirigido fundamentalmente al reforzamiento de la policía y las Fuerzas Armadas, pero han sido casi inexistentes en el ámbito judicial y mucho menos en el seguimiento de la ruta del dinero. Nuevamente, el caso de la pareja asesinada (Génesis Mendoza y Leonardo Briones) muestra con claridad la penetración del narco en la economía formal y la escasa a nula acción para controlarla. La lucha más eficiente en contra de este delito es la que apunta a la ruta del dinero, pero es la que menos se ha aplicado”.

Así, Pachano recuerda que no se trata de un problema que se limite a Ecuador: “El problema no es solamente de violencia interna, es un problema transnacional y, por tanto, debe ser enfrentado conjuntamente con los países consumidores, o sea, europeos y norteamericanos”. En su opinión, también es imprescindible desarrollar políticas sociales y de empleo de largo plazo para evitar la captación de jóvenes e incluso niños por parte de las bandas delincuenciales.