Un tribunal federal Distrito Central de California ordenó este sábado la liberación inmediata de un hombre que llevaba más de un mes bajo custodia por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras permanecía hospitalizado con una pierna fracturada en el Harbor-UCLA Medical Center, en Los Ángeles, Estados Unidos.

La Corte concluyó que su detención carecía de base legal y vulneraba sus derechos constitucionales.

El caso se remonta al pasado miércoles 27 de agosto, cuando el hombre fue arrestado en un lavadero de autos en Carson por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y funcionarios federales de civil.

Durante el arresto sufrió graves lesiones en la pierna y fue trasladado al hospital, donde ingresó bajo un procedimiento especial de anonimato policial.

Desde entonces, permaneció esposado a la cama y custodiado día y noche por entre dos y cuatro guardias, sin acceso libre a su familia ni a sus abogados.

Pese a que fue formalmente traspasado a custodia de ICE, nunca se le notificaron cargos, ni se le asignó número de expediente migratorio, ni se inició un proceso de deportación.

Incluso, según testimonios jurados, fue interrogado mientras estaba bajo medicación, sin la debida asesoría legal y con visitas estrictamente limitadas.

El tribunal criticó duramente la actuación del gobierno, señalando que la agencia incumplió el plazo legal de 48 horas para definir si debía abrir un proceso formal o liberarlo.

“El hombre lleva más de 37 días detenido sin causa clara ni notificación legal”, advirtió la jueza Cynthia Valenzuela, recordando que la privación de libertad sin debido proceso viola la Constitución de Estados Unidos.

La orden judicial establece que deben retirarse de inmediato los guardias y las esposas, y que el paciente pueda recibir visitas de familiares y comunicarse confidencialmente con su defensa.

Además, se determinó que el ICE tiene prohibido trasladarlo o exigir su comparecencia física ante agentes migratorios hasta que el equipo médico determine su alta.

La medida, de carácter temporal, estará vigente hasta el 18 de octubre, fecha en la que la corte evaluará si corresponde dictar una orden de mayor alcance. Mientras tanto, el gobierno deberá explicar por qué mantuvo al hombre incomunicado y sin proceso migratorio durante más de un mes.