California decidió sumarse a la demanda de Oregón contra el gobierno de Donald Trump, luego de que miembros de la Guardia Nacional empezaran a llegar a dicho estado en avión y una jueza federal bloqueara su despliegue.

El fiscal general de California, Rob Bonta, se unió al fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, para solicitar al Tribunal del Distrito de Oregón que bloquee el despliegue de 300 efectivos federales de la Guardia Nacional de California a Portland, Oregón, por parte de la administración Trump.

La solicitud de una nueva orden de restricción temporal se produce justo un día después de que la jueza Karin Immergut, de un Tribunal de Distrito, prohibiera a la administración Trump el federalizar la Guardia Nacional de Oregón, al considerar que la orden era ilegal.

El gobierno estadounidense ahora busca eludir dicha orden desviando los efectivos restantes de la guardia californiana de Los Ángeles a Portland.

Los líderes estatales y municipales anunciaron la acción legal conjunta en una conferencia de prensa el domingo por la tarde. Las autoridades indicaron que también solicitarán una audiencia judicial de emergencia lo antes posible, probablemente el lunes, para intentar detener el despliegue.

“La administración Trump afirmó que se necesitaban con urgencia tropas de la Guardia Nacional de California para mantener la paz en Los Ángeles. Sin embargo, está enviando a la totalidad de las tropas restantes a Oregón sin dudarlo”, declaró el fiscal Bonta.

“Esta es una maniobra descarada e irrespetuosa para evadir la orden de ayer de un tribunal de distrito que bloquea la federalización ilegal de la Guardia Nacional de Oregón. Junto con el fiscal general Rayfield, presento una demanda para evitar esta última extralimitación del poder ejecutivo”, añadió el abogado californiano.

En ese sentido, añadió que “el presidente no puede usar nuestras ciudades como campo de entrenamiento para las fuerzas armadas, y ciertamente no puede usar a los esforzados miembros de la Guardia Nacional de California como su fuerza policial personal”.

Entre los argumentos que incluyen los documentos presentados ante la justicia para una segunda orden de restricción temporal, se cuenta el considerar que las acciones de la actual administración exceden la autoridad del presidente.

Además, afirman que sin una orden de restricción temporal, Oregon, Portland y California sufrirán daños irreparables.

“Como ha demostrado California, el despliegue ilegal de tropas de la Guardia Nacional viola la soberanía estatal y los poderes policiales reservados a los estados bajo la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, se lee en parte de la demanda.

El mandatario estadounidense busca desplegar a los guardias para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y a los agentes federales que se encuentran allí. El edificio, ubicado a menos de tres kilómetros al sur del Ayuntamiento de Portland, ha sido escenario de protestas frecuentes recientemente.