La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se encuentra en el ojo del huracán por el caso Epstein con crecientes llamados para que presente su renuncia, debido a la decisión de la administración Trump de no publicar más registros relacionados con la investigación de tráfico sexual del acaudalado y fallecido financiero.

“Estaré aquí todo el tiempo que el presidente quiera”, dijo Bondi. “Y creo que lo ha dejado clarísimo”.

Su decisión este mes de emitir un memorando que confirmaba que la muerte de Jeffrey Epstein en prisión en 2019 fue un suicidio precipitó una intensa e inesperada reacción sin precedentes de la derecha contra Trump y contra Bondi que es vista por algunos trumpistas como símbolo de un segundo mandato plagado de promesas incumplidas, indicó The New York Times.

La controversia sobre la gestión del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia salió a la luz pública en los últimos días con informes de un enfrentamiento interno entre Bondi y el subdirector del FBI, Dan Bongino. Parte de la disputa se centró en un artículo del medio NewsNation que citó a una “fuente cercana a la Casa Blanca” que afirmó que el FBI habría publicado los archivos de Epstein hace meses si hubiera podido hacerlo por su cuenta. El artículo incluía declaraciones de Bondi, del fiscal general adjunto Todd Blanche y del director del FBI, Kash Patel, que refutaban la premisa, pero no las de Bongino.

Bondi ya había estado bajo escrutinio tras la publicación de documentos en febrero, que ella promocionó y entregó en carpetas a influyentes conservadores de la Casa Blanca, sin ninguna revelación nueva. Cuando esa primera publicación fracasó, Bondi acusó a los funcionarios de ocultarle archivos y afirmó que el FBI posteriormente entregó una gran cantidad de pruebas con miles de páginas de documentos adicionales.

Sin embargo, a pesar de las promesas de que más archivos estarían en camino al público, el Departamento de Justicia determinó después de una revisión que duró meses que no “sería apropiada ni justificada ninguna divulgación adicional”, según indica un reciente memorando. Bondi dijo el martes que ese memorando del Departamento de Justicia “habla por sí solo y nos comunicaremos con usted sobre cualquier otra cosa”.

El verdadero pecado original de Bondi, indicó The New York Times, fue exagerar los “archivos Epstein” poco después de asumir el cargo en febrero y negarse a descartar la existencia de una lista con los nombres de supuestos clientes de la red de tráfico sexual de Epstein.

Personas del círculo de la fiscal dijeron al periódico que Bondi, ansiosa por mejorar su posición ante la base de Trump, repartió carpetas marcadas “Archivos Epstein: Fase 1″ a un cónclave de influyentes de extrema derecha en la Casa Blanca, en parte para demostrar que estaba comprometida con la transparencia y la divulgación completa.

“El truco fracasó estrepitosamente. El material resultó ser un fiasco. El episodio la dejó vulnerable a los ataques de la derecha, dependiendo de la protección del presidente”, añadió el Times.

En medio de este torbellino, Bondi está intentando calmar las críticas en su contra y dijo que solicitaría a un tribunal federal -el viernes pasado- que se destapen más testimonios del gran jurado en el caso de Jeffrey Epstein.

Pero esas transcripciones selladas, que un juez debe primero aceptar hacer públicas en un proceso que podría tardar semanas, constituirían solo una fracción de las pruebas y el material investigativo que el FBI recopiló durante sus años de investigación. Es poco probable que las transcripciones satisfagan plenamente a la base derechista de Trump, que sigue exigiendo total transparencia en la investigación.

Según The Washington Post, se desconoce el alcance total de lo que permanece en secreto. Miles de páginas de documentos relacionados con la investigación de Epstein ya se han hecho públicos mediante demandas, presentaciones judiciales, solicitudes de registros públicos y el procesamiento por parte del Departamento de Justicia de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein.

Gran parte de lo que queda, según dijeron el Departamento de Justicia y el FBI en un memorando conjunto, ha sido sellado por los tribunales “para proteger a las víctimas” y “no expone a terceros adicionales a acusaciones de irregularidades ilegales”.

Primera mujer fiscal de Florida

Según The New York Times, Bondi despertó las sospechas de la base de Trump casi desde el momento en que fue seleccionada para reemplazar a Matt Gaetz para el cargo de fiscal general, luego que el excongresista se retirara de la competencia ante la oposición de los republicanos del Senado, que se habían mostrado reacios a aceptar una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

En ese momento, Bondi trabajaba como lobista y tenía un muy buen sueldo. Ella fue la primera mujer fiscal general de Florida y se hizo más conocida en los últimos años como leal a Trump.

“Me enorgullece anunciar a la ex Fiscal General del Gran Estado de Florida, Pam Bondi, como nuestra próxima Fiscal General de Estados Unidos. Pam fue fiscal durante casi 20 años, donde ejerció una gran presión contra los delincuentes violentos”, dijo el mandatario en una publicación de Truth Social en febrero pasado.

Bondi fue presidenta del America First Policy Institute, un think tank creado por exmiembros del personal de la administración Trump, y formó parte del primer equipo de transición del mandatario republicano.

Antes de llegar al Departamento de Justicia y durante mucho tiempo, la mujer de 59 años fue una a una aliada de Trump. El diario The Guardian indicó en febrero que fueron los asesores del mandatario quienes le dijeron que ella era una buena alternativa para el cargo, porque tiene aliados en todo el Partido Republicano así como dentro del mundo de Trump.

Antes de involucrarse en la política nacional, Bondi trabajó durante más de 18 años como fiscal en la fiscalía estatal del condado de Hillsborough, en Florida. Era una desconocida política cuando fue elegida como la primera fiscal general de Florida en 2010 y había recibido el apoyo de la excandidata a la vicepresidencia, Sarah Palin.

El mandato de Bondi como fiscal general de Florida también coincidió con dos de los tiroteos más sonados y letales que ha vivido el país. En 2016, tras un ataque extremista en un club nocturno LGBTQ+ en Orlando que dejó 47 muertos a tiros y más de 50 heridos, Bondi fue criticada en directo por Anderson Cooper, de CNN, por su apoyo a la prohibición del matrimonio igualitario en el estado.

Dos años después, 17 estudiantes y miembros del personal fueron asesinados a tiros por un exalumno de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. Bondi exigió la pena de muerte para el agresor y apoyó al entonces gobernador Rick Scott en la aprobación de la primera legislación estatal sobre restricción de armas, que elevó la edad mínima para comprar un arma de 18 a 21 años. La normativa también destina millones de dólares a ampliar los recursos de salud mental en las escuelas y reforzar la seguridad en los establecimientos.

The Guardian indicó que los vínculos de Bondi con Trump se remontan a años atrás. Mientras era fiscal general de Florida, apoyó al magnate en 2016 frente a Marco Rubio, que se presentaba como candidato.

En 2016, The Associated Press reveló que Bondi había solicitado personalmente a Trump una donación para su campaña tres años antes. Los fondos se obtuvieron a través de una fundación de la familia Trump, lo cual infringe las políticas sobre organizaciones benéficas que participan en política. La donación de US$ 25.000 también se produjo mientras la oficina de Bondi consideraba colaborar con Nueva York en una investigación de las universidades de Trump, por acusaciones de fraude y falsas promesas sobre las perspectivas de formación y empleo para los estudiantes. Una vez recibido el cheque, Bondi se negó a participar en la investigación, según la agencia de noticias.

Bondi intentó devolver el cheque , informó el periódico Florida Times-Union, pero fue rechazado y devuelto por Trump.

Bondi fue entonces una de los abogadas de Trump durante su juicio político de 2019, cuando fue acusado, pero no condenado, de intentar condicionar la asistencia militar a Ucrania a la disposición de ese país a investigar a Joe Biden. Y durante el juicio por sobornos contra Trump, Bondi fue una de las pocas republicanas que comparecieron ante el tribunal para apoyarlo.

Bondi ha criticado duramente los casos penales contra Trump, así como a Jack Smith, el fiscal especial que lo acusó en dos casos federales. Describió a Smith y a otros fiscales que han acusado al magnate como personas “horribles” que “utilizan nuestro sistema legal como arma”.

Ahora Bondi ha tomado medidas que parecen encaminadas a congraciarse con la base de Trump, incluyendo la aprobación del despido de los fiscales a cargo de la investigación por el asalto de partidarios trumpistas al Capitolio y del personal del departamento que trabajó en los casos penales de Trump. El miércoles, dio luz verde al despido inexplicable de la veterana fiscal federal Maurene Comey , hija del exdirector del FBI James B. Comey. La fiscal Comey colaboró en el exitoso procesamiento de Ghislaine Maxwell, una antigua colaboradora de Epstein.

Sin embargo, nada de esto ha apaciguado la hostilidad de la extrema derecha. Laura Loomer, una influyente activista que habla a menudo con Trump, ha liderado una campaña a gran escala para destituir a Bondi. Esta campaña aún no ha convencido a la Casa Blanca, pero parece resonar entre los republicanos del Congreso, quienes han sugerido que no está a la altura del cargo.