A inicios de noviembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso otorgó un plazo de 30 días para desalojar las 215 hectáreas ocupadas en San Antonio y pertenecientes a la Constructora Inmobiliaria San Antonio. El periodo vence este jueves 4 de diciembre y el tribunal instruyó a la Municipalidad y a los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social a habilitar un albergue para las familias del campamento Cerro Centinela, considerado la “toma más grande de Chile”.

A dos días del fin del plazo, el gobierno anunció desde La Moneda su decisión de impulsar un proyecto habitacional para las familias con el fin de mitigar el impacto social de un desalojo que involucraría a más de 10 mil personas.

En un punto de prensa desarrollado la tarde de este martes por los ministros Carlos Montes (Vivienda), Camila Vallejo (Segegob) y Álvaro Elizalde (Interior), las autoridades reiteraron que el objetivo es entregar una “solución concreta y viable” para un asentamiento que, levantado hace seis años, creció insospechadamente.

“Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas. La expropiación es una herramienta que ha ocupado este gobierno, el anterior y todos los gobiernos”, dijo Montes.

Y siguió: “Hay un marco legal específico para la expropiación. Permanentemente el Ministerio de la Vivienda lo hace. Avanzaremos en esta dirección siendo respetuosos de lo que determinan los tribunales, partiendo el desalojo por los terrenos que no serán adquiridos por el Estado para el proyecto habitacional”, argumentó.

La iniciativa surge luego de que no prosperara el acuerdo con los propietarios, pese a un extenso proceso de diálogo llevado con apoyo de una comisión técnica. La oferta estatal -basada en una tasación comercial realizada por peritos externos- fue rechazada por los dueños, con quienes no se logró acuerdo, con una serie de versiones encontradas sobre los puntos de conflicto.

Según el informe de fallida comisión técnica por la megatoma, la propuesta más baja de los propietarios fue vender el metro cuadrado a un valor de 0.4 UF, además de una garantía expresa de que el BancoEstado era garante de la operación. La propuesta final del gobierno, en tanto, fue de 0.22 UF.

Al respecto, el ministro Elizalde, por ejemplo, dijo este martes que “el precio solicitado estaba por sobre el precio de mercado. Se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico, y que ha sido utilizado por muchos gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales”.

“Solo como dato quiero señalar que en los últimos años se ha utilizado esta herramienta en 258 decretos emitidos que aprueban distintos programas de expropiación”, añadió.

Frente a ello, el Minvu y el Serviu de Valparaíso activaron las facultades legales para expropiar 100 de las 215 hectáreas, que corresponde al lote 1-A, donde la mayoría de las familias se han asentado, con un costo estimado de $ 11 mil millones. El Estado pagará 0,23 UF por metro cuadrado.

Pero en paralelo el desalojo sigue en curso por mandato judicial, al menos en las zonas donde no se puede construir y donde el Ejecutivo no expropiará. Este 4 de diciembre el gobierno debe presentar el plan de acción, que incluirá la habilitación de albergues, los plazos para rotar a las familias antes de sus soluciones definitivas y el orden del operativo.

La estrategia

La estrategia, como se ha dicho, considera dos procesos paralelos. Por un lado, se avanza en la expropiación y en la apertura del plan habitacional solicitado por las cooperativas; por otro, se ejecuta el desalojo comenzando por las zonas que no serán expropiadas y donde no es posible construir. “Cumpliremos lo que determine la Corte, sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria”, señaló el ministro Carlos Montes.

Cerro Centinela, conformado en 2019, alberga 4.136 hogares y 10.521 personas, entre ellas más de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Durante su expansión, las familias se organizaron en 40 cooperativas cerradas de vivienda (que representan al 90% de los hogares) y posteriormente formaron una federación para facilitar la gestión y avanzar en una solución distinta al desalojo.

El conflicto judicial se arrastra desde junio de 2023, cuando la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección de los propietarios y ordenó el desalojo, fallo ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024.

“Desde un principio el gobierno fue explícito respecto de la voluntad de adquirir este terreno para desarrollar un plan habitacional y se estableció una mesa de diálogo y negociación con los pobladores y los dueños, con el objeto de llegar a un acuerdo. No obstante, como el precio solicitado estaba por sobre el precio de mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico”, explicó el ministro de Vivienda.

Desde San Antonio, el alcalde Omar Vera recalca que “el municipio no es responsable del desalojo”, ya que se trata de un proceso judicial cuya ejecución corresponde al propietario con apoyo de la fuerza pública. La obligación municipal, dice, es habilitar un albergue por un máximo de cinco días.

Para ello se dispuso el gimnasio del Colegio España, con apoyo del Ministerio del Interior y de Desarrollo Social. Añade que se trabaja junto al Servicio de Salud y equipos comunales para apoyo sanitario, y que habrá un protocolo especial para mascotas. Respecto a los plazos, sostiene que lo conversado es empezar el operativo a partir del 4 de enero de 2026, para resguardar la Navidad y el Año Nuevo de los pobladores de la toma.

Hasta el cierre de esta nota los dueños del terreno no se habían manifestado en torno a la decisión del gobierno.