Cuando el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) citó a las aplicaciones de transporte a una reunión en abril, el tono era técnico y el mensaje claro: el reglamento de la Ley 21.553 -más conocida como Ley Uber- ya había sido aprobado por Contraloría, el software que debía implementarla estaba en desarrollo y, en las semanas siguientes, se enviarían las especificaciones técnicas para comenzar con su integración.

Esa fue la última vez que se les vio juntos y desde entonces no ha habido nuevos encuentros entre la autoridad y las plataformas, quienes dicen que, además, no se les ha entregado ningún tipo de información para preparar la puesta en marcha de la ley que las atañe directamente.

A casi tres meses de ese encuentro, las empresas aseguran que no han recibido ningún detalle sobre cómo funcionará el sistema ni han vuelto a ser convocadas por la autoridad. Dicen tampoco conocer avances concretos sobre el desarrollo de la plataforma informática.

Hasta hoy, además, el reglamento no ha sido publicado en el Diario Oficial, por lo que la ley no ha comenzado a regir.

Desde el sector ven con preocupación este escenario, puesto que uno de los puntos claves para avanzar en la regulación es la creación de un software por parte del MTT. Y es que la ley exige que las plataformas entreguen a la cartera información como la identificación de cada conductor, el detalle de los viajes, la ubicación y el valor de los trayectos.

Según las empresas no pueden avanzar en ninguna integración hasta conocer las características técnicas y las vías para traspasar los datos. A nivel interno se preguntan si la herramienta existe siquiera, ya que no han visto pantallazos, ni documentos técnicos, ni indicaciones formales.

Desde una de las aplicaciones señalan que, si la autoridad quisiera implementar la ley hoy, la única solución sería entregar en físico la carpeta de antecedentes de cada conductor directamente en las oficinas del MTT. Eso implicaría analizar manualmente más de un millón de documentos, considerando los cerca de 150 mil choferes activos en las plataformas.

Por otro lado, en Uber indican que están a la espera de las características técnicas que les permitan desarrollar la interfaz de operación con el ministerio, y que su disposición sigue siendo colaborar en la correcta implementación de la ley, minimizando el impacto en la movilidad y el empleo en el país.

¿Nueva prórroga?

Consultados al respecto, desde el MTT sostienen que a la fecha se han mantenido trabajando con las empresas y conocedores del proceso reseñan que incluso las apps habrían solicitado mayor plazo a la cartera para adecuarse a la carga de datos una vez que el reglamento comience a regir.

No obstante, los gremios desmienen ese escenario, argumentando que una nueva prórroga o extensión del plazo está descartada, sobre todo porque a la fecha ni siquiera se conocen los requerimientos del sistema y lo que se debe implementar. El desarrollo de esa interfaz -la API- tomará al menos un par de meses, pero ese plazo ni siquiera ha comenzado puesto que hasta ahora no han recibido los insumos básicos para hacerlo.

La postura se repite en otras compañías. Desde Alianza In -la agrupación gremial que representa a DiDi, Cabify y otras aplicaciones de transporte de pasajeros- señalan que no han sido contactados nuevamente, que no conocen detalles del software que permitirá almacenar la información requerida por el reglamento y que los actuales retrasos son resultado de un proceso que no ha considerado a los actores involucrados.

Y agregan: “No ha existido ningún canal de diálogo con las aplicaciones desde que se aprobó la última versión del reglamento, pese a nuestras advertencias sobre los impactos que esta normativa tendrá en el ecosistema digital y la industria de la movilidad. La incertidumbre y los retrasos actuales son consecuencia directa de un proceso que se ha llevado adelante sin escuchar a los actores involucrados”.

Por lo mismo, dicen seguir “esperando que nos contacten, tanto a nivel gremial como empresas individualmente, porque estamos abiertos al diálogo y queremos asegurar una correcta implementación de esta ley”.

La Ley 21.553 fue promulgada en abril de 2023 tras un largo debate legislativo que se extendió por más de cinco años. Su objetivo es establecer un marco regulatorio para las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros, como Uber, DiDi y Cabify, y crear un registro oficial de conductores.

Entre otras disposiciones, la norma exige que los choferes estén inscritos, cumplan con una serie de requisitos técnicos y de antecedentes, y se rijan por las mismas reglas que los taxis tradicionales en cuanto a seguridad y fiscalización.

Uno de los principales puntos de conflicto durante su discusión fue el equilibrio entre regular el mercado sin eliminar la flexibilidad que ofrecen estas plataformas digitales. Los gremios tradicionales reclamaban competencia desleal, mientras que las aplicaciones advertían que la sobre regulación podía afectar la disponibilidad del servicio. El resultado fue una ley que dejó en manos del Ministerio de Transportes varios aspectos técnicos clave, entre ellos el desarrollo de un software que permitiera integrar a los actores.

La misma ley establece que, una vez publicada, el MTT tiene un plazo de nueve meses para dictar el reglamento. A su vez, la norma comenzará a regir 30 días después de que dicho reglamento se publique en el Diario Oficial. Es decir, hoy la legislación sigue sin entrar en vigencia, y su aplicación efectiva continúa en punto muerto.

Desde el Ministerio de Transportes, en tanto, aseguran que el proceso de implementación “sigue avanzando de acuerdo a la planificación”. La cartera señala que “a raíz del diálogo llevado adelante durante este año con las empresas de aplicaciones, hemos estado desarrollando una serie de mecanismos para facilitar la integración de información que se realizará a través de la plataforma ya desarrollada por la cartera, y que permitirá la inscripción de conductores, vehículos, así como de las propias EAT”.

Agregan que este desarrollo técnico “es clave para poder determinar los plazos finales de la publicación, la cual justamente queremos realizar con procesos totalmente alineados con las empresas, siempre con el objetivo de ejecutar de manera efectiva esta ley”.