
Asociación de Magistrados apunta responsabilidades a Gendarmería por liberación de sicario
La entidad acusó a la institución penitenciaria de no haber alertado sobre inconsistencias en comunicaciones oficiales recibidas.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial (ANMM) manifestó su “profunda preocupación” por la excarcelación del imputado Osmar Ferrer, conocido como el ‘sicario de Meiggs’, quien fue liberado de su prisión preventiva, medida que mantenía por su presunta participación en el asesinato de José Reyes (43), un conocido comerciante del barrio Meiggs en Santiago.
En ese contexto, la entidad reconoció que la situación ha generado “un justificado e intenso debate público, no solo por el perfil del delito imputado, sino también por el conjunto de hechos que permitieron su liberación y que hoy son objeto de investigaciones de carácter administrativo y penal”.
En ese sentido, destacaron que “fue la propia jueza actualmente cuestionada quien ordenó expresamente la medida cautelar de prisión preventiva del imputado y su ingreso a un centro penitenciario”.
“La situación que permitió su salida se habría producido durante la tramitación administrativa de dicha medida, particularmente en la confección y gestión de los oficios de ingreso, etapa en la que se detectaron inconsistencias que hoy están siendo investigadas”, indican en el texto.
En ese marco, instaron a “llamar la atención sobre la actuación de Gendarmería, institución que —según información pública— recibió dos comunicaciones oficiales con horarios distintos, sin haber representado de forma oportuna la inconsistencia ni haber consultado al tribunal".
De acuerdo a la Asociación de Magistrados esto “podría haber evitado la excarcelación".
Junto con ello, remarcaron que “este hecho refuerza la necesidad de revisar los protocolos de actuación y comunicación entre órganos del sistema de justicia”.
Asimismo, señalaron que “esta situación obliga a una revisión exhaustiva de los protocolos administrativos, operativos e informáticos que regulan el ingreso y egreso de personas privadas de libertad, incluyendo las plataformas de tramitación electrónica judicial, los canales de comunicación interinstitucional y la actuación de los distintos órganos intervinientes".
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