La Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) este lunes hizo entrega de un diagnóstico y propuestas en materia de seguridad pública a los candidatos presidenciales José Antonio Kast (republicanos y PSC), Jeannette Jara (Unidad por Chile) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas).

La organización agrupa a un total de 269 comunas de las 16 regiones del país. Su actual presidente es el alcalde de de Paine, Rodrigo Contreras, y sus vicepresidentes los jefes comunales de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, y de Curacaví, Christian Hernández.

En concreto, la asociación presentó un diagnóstico actualizado sobre la inseguridad en los territorios rurales y además proporcionó una batería de iniciativas para fortalecer la gobernanza en seguridad pública en estos territorios.

En el documento, titulado “El avance de la criminalidad en los territorios rurales: un estudio de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins”, se destaca que “Talagante contabiliza un aumento de 1000% en homicidios, Lolol y Pirque tienen un aumento de 1000% en los delitos asociados a armas, Santo Domingo crece un 1116% en los delitos asociados a armas, Hijuelas aumenta un 800% los delitos asociados a armas, Mostazal crece un 800% en delitos asociados a drogas y Juan Fernández crece un 200% en delitos asociados a drogas".

Además, que en O’Higgins, “el 27% de las comunas rurales de la región presentan aumentos en los delitos asociados a las drogas, el 82% presentan aumentos en los delitos asociados a armas, el 55% tienen un aumento de más del 100% en los delitos asociados a las armas, el 58% tienen aumentos en el delito de receptación y de robo con intimidación, el 24% registran un aumento en el delito de homicidios y el 44% registra un aumento en el robo de vehículo”.

Propuestas

En el texto entregado a los candidatos, se señala que el estudio identificó cuatro grandes facilitadores del crimen en el mundo rural: debilidad institucional del Estado para responder de manera eficaz y diferenciada; las características geográficas y demográficas que dificultan la vigilancia y el control; el efecto de la presión en zonas urbanas, que traslada dinámicas criminales hacia lo rural; y las oportunidades económicas ilícitas vinculadas a la producción y circulación de bienes en estos territorios.

En ese contexto, se apunta que la construcción de una gobernanza de seguridad rural debe sustentarse en tres etapas fundamentales que permitan articular un modelo, contextualizado y sostenible en el tiempo.

En primer lugar, se propone una descripción y diagnóstico del mundo rural. “El primer paso exige la participación activa de actores públicos, privados y de la academia en la elaboración de una caracterización exhaustiva de la ruralidad. Este ejercicio debe permitir identificar los componentes estructurales del territorio, sus características socioproductivas, los actores que en él interactúan, así como las oportunidades que ofrece para la acción delictiva. Asimismo, es indispensable reconocer sus fortalezas y vulnerabilidades, con el fin de elaborar un diagnóstico robusto que contemple mapas de riesgo y factores críticos”.

En segundo término, manifiesta la necesidad de construcción de un modelo de respuesta en capas y redes. “A partir del diagnóstico, el paso siguiente es diseñar un modelo de respuesta ad hoc, basado en capas de interacción entre actores institucionales, comunitarios y privados. Este modelo debe definir con precisión los roles y responsabilidades de cada actor, garantizando que la respuesta en seguridad se estructure en torno a una red de interacciones coordinadas, lo que permite maximizar recursos, evitar duplicidades y generar sinergias en la prevención, control y persecución del delito”.

Finalmente, se plantea el diseño de un plan de acción. “Sobre la base de los insumos anteriores, corresponde elaborar un plan de acción específico para la seguridad rural, que priorice territorios críticos y fenómenos delictivos relevantes. Este plan debe contemplar tanto acciones preventivas como mecanismos persecutorios y sancionatorios, integrando indicadores de seguimiento y evaluación que aseguren la eficacia de las medidas implementadas".