Abarcando a un total de 540 internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Colina 1, este miércoles tuvo lugar el segundo operativo masivo interinstitucional de toma de muestras de ADN de personas privadas de libertad en los penales chilenos.

El operativo se enmarca en la Ley 19.970, que creó el Sistema Nacional de Registros de ADN, constituido por huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal y que está integrado por el Registro de Condenados y el de Imputados, además del registro de Evidencias y Antecedentes.

La organización de la actividad en Colina 1 estuvo a cargo del Área Operativa y de Salud de la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería e involucró un trabajo de coordinación liderado por la Seremi Metropolitana de Justicia y Derechos Humanos con el Servicio Médico Legal y el Servicio de Registro Civil e Identificación.

“Esto es fundamental para los procesos judiciales que están en curso y es también muy importante para tener un banco de datos que nos permita, eventualmente, el día de mañana, esclarecer procesos judiciales que puedan ocurrir y, por sobre todo, esto pone al día una obligación que tiene el sistema de justicia de mantener un Registro Nacional de ADN lo más actualizado posible”, destacó el ministro Jaime Gajardo.

Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, precisó que “este proceso, que será replicado en regiones, tiene que ver con el plan de trabajo para nutrir de información el Sistema Nacional de Registros de ADN, que también colabora para que Gendarmería tenga mayor control de procesos y procedimientos”.

La directora nacional del SML, Marisol Prado, en tanto, señaló que este trabajo lleva varios meses y se inició con una capacitación a funcionarios de Gendarmería.

“Con este operativo el Servicio Médico Legal va a doblar el número de muestras que realiza año a año y eso va a permitir disminuir las brechas que tenemos posterior a la pandemia”, destacó.

A su vez, el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, comentó que “esta es una actividad para avanzar en poder resolver todos los casos que están pendientes, en poder dar celeridad y certitud respecto de lo que son las huellas genéticas y las huellas físicas que certifica el Registro Civil, proceso que, además, permite tener para la justicia un banco de datos, para evitar que estas situaciones se repitan en el tiempo respecto de condenados e imputados”.