Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en general la idea de legislar un proyecto de ley que busca modificar la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y aumenta las sanciones para quienes comenta delitos graves.

La iniciativa ahora deberá volver a la Comisión de Constitución por haber sido objeto de indicaciones.

La moción parlamentaria de autoría del diputado Andrés Longton (RN), contó con el respaldo de 86 votos a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones.

Actualmente, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece penas de internación cerrada máxima de cinco años para los infractores de la ley que sean mayores de 16 y menores de 18 años. Sin embargo, el proyecto busca que este lapso sea ampliado a 10 años para los menores entre 14 y 16 años que hayan cometido algún delito violento o de sangre.

El catálogo de delitos que serán penalizados con más años de reclusión, por ejemplo, son el robo con secuestro, violación, homicidio simple y homicidio calificado.

También fija que “todos los procesos penales en que participen menores con adultos se van a regir bajo la jurisdicción especializada adolescente”.

Asimismo, se establece, en los casos de adolescentes que incumplan el internamiento en régimen cerrado “dará lugar a una intensificación del plan de intervención” y que “en caso de fuga o evasión, la persona condenada, además, no podrá solicitar la sustitución o remisión de su condena por un periodo de entre seis meses a un año”.

Gobierno descarta efectividad de la propuesta

Presente en la Sala, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, sostuvo que iniciativas en esta materia no tienen una mayor efectividad.

“Ni a la baja, en cuanto a los delitos que se vayan a cometer, y menos respecto a la posibilidad de reinsertar a esos jóvenes que han infringido la ley penal”, señaló Gajardo, respecto al aumento de penas en los mejores de 14 y 16 años.

Respecto a la persecución de delitos cometidos por adolescentes, el secretario de Estado precisó que “para tener en consideración, el ingreso de jóvenes infractores de ley penal representa el 2% del total de los ingresos del Ministerio Público”.

“Hemos logrado disminuir, de un 52% de reincidencia, del año 2009, a un 25%, gracias a una política de Estado… Estamos, efectivamente, disminuyendo la reincidencia delictiva de los jóvenes que infringen la ley penal”, aseguró la autoridad.