La Defensoría de la Niñez emitió este martes una categórica crítica al proyecto de ley que busca modificar la Ley N°20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, iniciativa que será votada este miércoles 18 de junio en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al respecto, la institución advirtió que la propuesta “carece de pertinencia técnica, desconoce la evidencia internacional y nacional, y podría profundizar los factores que contribuyen a la reincidencia delictiva juvenil”.

El proyecto propone aumentar las penas para delitos graves cometidos por adolescentes, como medida para fortalecer la justicia penal y responder a la demanda ciudadana de mayor seguridad. Sin embargo, según la Defensoría, esta estrategia sería “ineficaz”, ya que no aborda las fallas estructurales del sistema, como la deficiente capacidad de investigación, el uso excesivo de la internación provisoria y la limitada reinserción social.

“El aumento de penas no cambia el escenario actual”

El organismo dirigido por el defensor Anuar Quesille sostiene que endurecer las penas, por ejemplo de 8 a 10 años, no mejora la seguridad pública, sino que puede profundizar las trayectorias delictivas de los jóvenes.

“Este proyecto de ley no es pertinente, ya que omite los mecanismos de evaluación previstos por la Ley N°21.527 que creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuya implementación aún está en curso”, indica la declaración.

La Defensoría de la Niñez recalcó que la evidencia científica muestra que los adolescentes tienen una capacidad limitada para anticipar consecuencias y controlar impulsos, por lo que el aumento de sanciones no actúa como un factor disuasivo.

No obstante, señala que la reinserción efectiva y la prevención temprana -a través de escolarización, acceso a programas sociales y vínculos positivos- sí reducen la reincidencia.

Fallas estructurales en la justicia penal adolescente

El organismo destaca que, según sus registros, entre 2016 y 2024 disminuyó de 74% a 51% el porcentaje de causas con salida judicial efectiva, mientras que las sentencias condenatorias bajaron de 34% a 15%.

En paralelo, los archivos provisionales aumentaron de 11% a 27% y los términos por decisión de no investigar, de 6% a 15%.

“Estas cifras reflejan problemas en la persecución penal, no en la duración de las penas”, advirtieron.

Asimismo, se alerta sobre el uso desproporcionado de la internación provisoria, asegurando que no contribuye a la reinserción y, por el contrario, duplicaría el riesgo de reincidencia.

“Un 48,4% de quienes pasaron por internación provisional reingresaron al sistema, frente al 15,5% en el caso de medidas en libertad", señalaron.

El órgano autónomo insistió en que una política efectiva contra la delincuencia juvenil “debe ser integral y multifactorial, abordando la protección social en etapas tempranas, la prevención escolar y comunitaria, y la coordinación interinstitucional” en programas como “24 Horas” y “Lazos”.

Precisan también que un 61% de los adolescentes ingresados al sistema penal juvenil tenían registros previos en el área de protección, lo que confirma que el problema es de carácter estructural.

“Es urgente legislar con responsabilidad y evidencia. Endurecer penas sin atender las causas de fondo solo agudiza la problemática”, concluye la declaración.

En ese marco, la Defensoría de la Niñez llamó al Congreso a reevaluar el proyecto, incorporar las recomendaciones técnicas entregadas por el organismo y priorizar reformas que fortalezcan la prevención, el debido proceso y la reinserción social efectiva de adolescentes en conflicto con la ley.