El pasado 14 de noviembre se cumplieron dos años desde que Ciper diera a conocer la grabación de una reunión que remecería el mundo político, pero sobre todo al Poder Judicial. En el audio se podía escuchar al abogado, Luis Hermosilla hablando de posibles sobornos a funcionarios públicos.

A dos años de aquello, la causa ahora conocida como caso Factop-Audio y que derivó en diversas aristas y remociones en el Poder Judicial, ya se encuentra en tierra derecha y avanzada hacia su término. Por lo mismo, el Ministerio Público ya está cerrando la investigación en contra de algunos de los imputados, a través de salidas alternativas.

La investigación de la arista principal del caso está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la que durante estos dos años tramitó por separada las indagatorias. Por una parte, en el caso Factop, se indagaban delitos económicos de parte de la empresa de dicho nombre y donde se involucraban a los hermanos Ariel y Álvaro Sauer, a Rodrigo Topelberg, entre otros. En paralelo, estaba el caso Audio, en el que estaba el propio Hermosilla, Leonarda Villalobos, su esposo Patricio Angulo y los exfuncionarios del Servicio Impuestos Internos (SII) y la Tesorería, todos indagados por lavado de activos y cohecho.

Pero durante este último año, la Fiscalía que dirige la fiscal regional Lorena Parra decidió agrupar la causa. En agosto pasado, el propio fiscal Juan Pablo Araya afirmó tras una reformalización del caso Factop-Audio que “estamos terminando ya”.

Las salidas alternativas

El pasado 12 de noviembre, el propio fiscal Araya ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un escrito dando cuenta de la solicitud de salidas alternativas para algunos de los imputados del caso.

El primer requerimiento del persecutor fue para que el tribunal permitiera que el próximo 24 de noviembre, en una audiencia previamente fijada, se pudiera discutir una “suspensión condicional del procedimiento” para Luis Alberto Angulo Rantul, el esposo de la abogada Leonarda Villalobos, quien se encontraba imputado por lavado de activos en el caso.

La solicitud sobre Angulo, según expone el fiscal Araya en su escrito, se basa en el artículo 237 del Código Procesal Penal, el cual estipula que dicha salida alternativa se aplicará en acuerdo del Ministerio Público con la defensa y bajo tres condiciones: que la pena a la que el imputado hubiese sido condenado no supera los tres años, si no fue condenado antes y si no está dentro de una suspensión por otro hecho.

La misma normativa agrega que al decretar la suspensión condicional “el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado, por el plazo que determine, el que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres”.

Ese mismo procedimiento, la Fiscalía también pidió para Cristián Menichetti, socio fundador de Grupo Patio, también imputado en la causa.

También se pidió audiencia para otras salidas alternativas de otros dos imputados. Se trata del funcionario del SII, Patricio Ignacio Mejías Esparza, imputado por recibir sobornos de parte de Villalobos.

En el caso de Mejías, esta salida del caso se basa en el artículo 406 del mismo cuerpo legal, en el que el ente persecutor llega a un acuerdo con el imputado para reconocer los hechos a cambio de una reducción de la pena. Este tipo de salidas, que debe contar con la venia del juez.

Al igual que Mejías, la Fiscalía también solicitó la misma salida alternativa para Alberto Sauer Rosenwasser, el padre de los hermanos Sauer. En el caso de este imputado, a quien la Fiscalía lo acusaba de delitos económicos, también se le ofrece la misma salida y bajo las mismas condiciones.

Los otros cierres

En esta misma causa ya han habido otros términos. Hasta ahora, ya se ha aplicado la suspensión condicional en contra de los exdirectores de la AGF Larraín Vial Activos, quienes acordaron dicha instancia con la Fiscalía Oriente.

Se trata de Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, así como también al exgerente general de la administrado Claudio Yáñez y a los dos socios Manuel Bulnes y Felipe Porzio, quienes estaban imputados en la arista conocida como Factop. Su acuerdo con el Ministerio Público fue confirmado el 28 de octubre por la Corte Suprema.