Un total de 25 mil funcionarios públicos, de más de 700 reparticiones estatales, son los que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica y que fueron detectados por la Contraloría General de la República. El hallazgo de la entidad encabezada por la contralora Dorothy Pérez estaba considerado en un Consolidado de Información Circularizada (CIC) en el que cruzó antecedentes sobre las salidas y entradas del país de los trabajadores públicos, con los reposos médicos con los que contaban durante los años 2023 y 2024.

Dichos antecedentes y hallazgos derivaron en que el Ministerio Público abriera una investigación penal para poder determinar si es que existen delitos en lo expuesto por el ente fiscalizador. La indagatoria, que está en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente, pesquisará los mismos años, negando, “por ahora”, ampliar el rango hacia otros periodos como lo había solicitado el abogado querellante Luis Mariano Rendón, quien pedía que también se indagara parte de los años del gobierno anterior.

En paralelo, este miércoles la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (Unac) y la Fiscalía Oriente encabezaron una reunión con diversas instituciones vinculadas al caso, con el fin de “establecer una estrategia coordinada frente a este fenómeno delictual”, así como también para “abordar los lineamientos de colaboración para la investigación penal”, informó la institución encabezada por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

A la cita estaban citadas instituciones como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Fonasa, Compin, Suseso, PDI, Colegio Médico, la Asociación de Isapres, Medipass, entre otras.

La determinación de Fiscalía

La decisión de no extender el periodo a investigar se conoce luego de que el abogado Rendón presentara una querella, una vez conocido el caso en mayo, en contra de quienes resulten responsables de presuntos delitos de falsificación o mal uso de licencias médicas. Tras ingresar la acción penal, el querellante también requirió a la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, que se consideraran en la investigación los años 2021 y 2022.

El requerimiento del querellante se argumentó en que, tal y como el criterio de Contraloría consideró los dos años de prescripción de faltas administrativas, la indagatoria en manos de Parra debía contemplar hasta los cinco años en que pueden prescribir delitos como los que se investigan.

Pese a eso, este martes el Ministerio Público informó a Rendón la negativa a acceder, en este momento, a su requerimiento. Según pudo conocer La Tercera, la Fiscalía Oriente le respondió al querellante del caso que “por ahora” no se ampliará la indagatoria hasta el 2021, "considerando que diligencias de investigación relacionadas con año 2023 y 2024 son suficientes para que la Fiscalía conforme análisis de bases de datos, vinculaciones de forma de operar delictivas y modus operandi".

Con esos antecedentes ya recabados para ese periodo, informó el ente persecutor, se podrá concluir si se está “en presencia o no de eventuales delitos y en caso afirmativo se podría abarcar otros años anteriores”.

“Usaremos los recursos disponibles”

Consultado sobre la decisión de la Fiscalía, Luis Mariano Rendón califica de “muy preocupante que, a estas alturas, todavía la fiscal Parra esté considerando que el uso fraudulento de licencias médicas pueda ser impune desde el punto de vista penal”. A juicio del abogado “hay delitos específicos, como la obtención o uso malicioso de licencias médicas, del artículo 202 del Código Penal, o la obtención fraudulenta de beneficios del Estado, del artículo 470 del mismo código que evidentemente se configuran. Con esta falta de decisión persecutoria no se ve un buen pronóstico para esta causa”.

En esa línea, sostiene que “no queremos pensar que detrás de esta decisión dilatoria de no investigar los años 2021 y 2022 pueda haber consideraciones políticas, para que no se visualicen en el actual período electoral los fraudes de este tipo cometidos bajo el anterior gobierno. Usaremos los recursos disponibles para impugnar este criterio de Fiscalía, que puede importar, de mantenerse, que vayan prescribiendo muchos de estos indignantes delitos de fraude contra la salud pública”.

Una compleja investigación

La indagatoria penal sobre presuntos delitos en las salidas del país de funcionarios públicos mientras se encontraban con reposo médico, a juicio de los conocedores de este tipo de investigaciones, es calificada como compleja.

Y es que se trata de una causa que, inicialmente, ya tiene a 25 mil personas investigadas, lo que se traduce, a juicio de algunos, en prácticamente una causa cada uno. Si bien aún no se conocen detalles de cómo llevará adelante esta magna investigación el Ministerio Público, en entrevista con El Mercurio la fiscal Lorena Parra informó que la indagatoria estará a cargo del fiscal Álvaro Pérez.

El fiscal Pérez ha estado a cargo de la investigación denominada “caso Fonasa” donde se llevó a juicio a una serie de médicos quienes entregaban licencias médicas falsas. En ese sentido, y en la misma entrevista con el citado medio, Parra sostuvo que el equipo del persecutor se reforzaría, con el fin de poder llevar adelante esta compleja indagatoria.