Una serie de observaciones remitió recientemente la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) a la Corte Suprema, con el objetivo de hacerse cargo de los puntos críticos evidenciados en medio del escándalo del denominado caso Sicario de Meiggs, donde uno de los principales imputados fue excarcelado por error y se mantiene prófugo: el venezolano de 18 Alberto Mejía, inicialmente identificado erróneamente como Osmar Ferrer.

El informe de la ANMM surge luego de que la presidenta (s) del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, informara que trabajarían en la elaboración de un protocolo para crear un sistema único de tramitación penal que “permita el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales, evitando cualquier espacio de discrecionalidad”.

Así, y a pesar de que los jueces no tienen a su cargo la gestión documental de los procesos, desde el gremio optaron por enviar 12 observaciones y propuestas, relevando que la “imposibilidad de corregir oficios sin dejar sin efecto la medida cautelar” sería una de las principales dificultades que enfrentan.

Como detallan, “frente a cualquier error de identificación o dato esencial, la única opción disponible es ‘dejar sin efecto’ el documento original, lo cual activa una secuencia que genera confusión y riesgo operativo". A juicio del gremio, “se genera una orden de ingreso defectuosa; luego una orden de libertad para dejar sin efecto la anterior; y finalmente una nueva orden de ingreso con los datos corregidos”.

Junto con ello, el juez no puede verificar si se ha activado el “flag de notificación” al momento de firmar digitalmente. A juicio de la ANMM, esta tarea es exclusivamente administrativa y no se encuentra visible para el magistrado sin realizar una serie de pasos adicionales. Esto afecta la trazabilidad y control jurisdiccional del cumplimiento efectivo de lo resuelto.

Los jueces suman, además, que “el juez solo puede firmar o rechazar el oficio generado por el sistema, el cual viene en formato PDF no editable. Si detecta un error, debe rechazar el documento y encargar su reemisión a un funcionario. Esto representa una rigidez ineficiente y una sobrecarga innecesaria de tareas".

Entre las falencias que evidenciaron los jueces también lamentaron la ausencia de un sistema que les permita tener conexión directa con Gendarmería, y que, por lo mismo las notificaciones no sean automáticas ni inmediatas. Por lo demás, recalcan, dependen de las franjas horarias de la Unidad de Servicios.

Otra falencia considerada grave es que la asignación de RUT provisorios no necesariamente conlleva utilización de controles biométricos. “El sistema permite operar con RUT provisorios sin asociación a fotografía ni verificación biométrica, lo que es especialmente crítico tratándose de personas extranjeras sin documentos nacionales. Se sugiere implementar alertas especiales y coordinación con el Registro Civil”, sostienen.

Finalmente, agregan que “no existe un mecanismo que advierta, al momento de abrir una causa, la existencia de órdenes de detención, prisiones preventivas vigentes o condenas de cumplimiento pendiente”.

Las propuestas

Junto con ello, desde la asociación hicieron presente ocho propuestas concretas. Una de ellas apunta a incorporar al sistema una opción de edición controlada de oficios judiciales, con trazabilidad de cambios y responsables.

La segunda tiene que ver con implementar alertas visibles e ineludibles sobre órdenes de detención y medidas cautelares vigentes.

Los jueces además proponen establecer interconexión directa entre el sistema SIAGJ/UNIJUD y Gendarmería, mediante una plataforma institucional única.

Otras de las propuestas son incorporar verificación biométrica para imputados con RUT provisorio, centralizar la información técnica en una página web o repositorio accesible y actualizado, capacitar adecuadamente a todos los funcionarios respecto del sistema UNIJUD antes de su implementación definitiva, establecer franjas de notificación más frecuentes o automáticas y habilitar la ejecución inmediata de la revocación de penas sustitutivas mediante reforma legal.

Entre las conclusiones destacadas, además, los magistrados recalcaron que "debe considerarse que las causas vinculadas a crimen organizado demandan un estándar reforzado de control, seguridad y trazabilidad. El sistema debe ser capaz de activar alertas especiales y establecer controles adicionales para robustecer su respuesta institucional frente a este tipo de criminalidad, cuya complejidad y riesgo exige niveles superiores de vigilancia y precisión".

Instrucciones de la corte santiaguina

En medio del debate sobre mejoras a los sistemas, la tarde de este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago conoció el informe elaborado por la comisión de ministros del tribunal –integrada por los ministros (s) Fernando Valderrama, Luis Avilés y Sergio Córdova- , donde se propone “un nuevo diseño de responsabilidades y pasos a seguir por quienes intervienen en la elaboración y cumplimiento de las resoluciones judiciales“.

Entre ellas, como se dijo, se fijaron medidas y pasos para corregir y comunicar resoluciones que llegan a manos de Gendarmería.

“Las medidas a corto plazo abordan tanto la urgencia en la actualización de la capacitación de los funcionarios encargados de la tramitación de las resoluciones y su comunicación a las entidades correspondientes, como la necesidad de requerir información fidedigna sobre la identidad de los imputados, destacando la urgencia de que las instituciones que intervienen en el procedimiento destinado a su identificación y privación de libertad cuenten con personal de turno que se desempeñe en forma simultánea a las audiencias de control de detención, haciendo posible un flujo de información de calidad y oportuno”, informaron en un comunicado.

Otras iniciativas, afirmaron desde el Poder Judicial, serán evaluadas por una comisión de ministros a cargo del sistema procesal penal.