Claudio Castillo, director de Mejor Niñez, que en rigor se llama Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, está a pocos días de cumplir un año al frente del cargo y advierte sobre la situación de alta tensión que atraviesa la institución debido al creciente número de menores cuyos derechos han sido vulnerados. Además, hace un llamado a fortalecer las familias de acogida, que considera una de las principales soluciones frente a la crisis que enfrenta.

¿Cómo resumiría la realidad del servicio?

Somos una nueva institucionalidad que surge tras la crisis del Sename, lo que implica cambiar la cultura interna y actualizar la mirada de la sociedad. Segundo, estamos en un proceso de transformación, donde dejamos de ver a los niños como casos complejos y consideramos múltiples factores. Tercero, la cobertura ha aumentado: antes atendíamos al 3,99% de los menores y hoy al 5,4%, con más derivaciones y más de 5.100 niños en residencias. Cuarto, enfrentamos la nueva criminalidad, que recluta tempranamente a niños y adolescentes. En resumen, la institución está tensionada por ser una nueva institucionalidad, el aumento de los menores vulnerados y la nueva criminalidad que busca captarlos.

¿Existe algún mea culpa por la gobernabilidad del servicio?

No se trata de echar culpas, sino de reconocer que los supuestos sobre los que se diseñó el servicio no se cumplieron. Esto significa que hoy debemos atender a más niños de los previstos, muchos con necesidades muy complejas, lo que exige ajustar nuestra hoja de ruta y la forma de trabajo con los colaboradores. Además, el modelo de financiamiento actual, que combina aporte del Estado y de la sociedad civil, ya no es suficiente. Por eso hay que replantear cómo se financia la protección y responder a la necesidad real.

¿Cómo ha cambiado la situación desde el diseño original?

Cuando se diseñó el servicio se estableció que los niños de cero a tres años debían ir a familias de acogida y que las residencias de lactantes se cerrarían. Sin embargo, no se ha podido cumplir: las residencias están con sobrecupo y seguimos recibiendo derivaciones diarias de niños pequeños; de tres a 11 por día en menores de cuatro años. Hoy hay más de 700 niños en residencias frente a los 400 iniciales.

Nuestra prioridad es que los niños vivan en una familia, por lo que trabajamos en revinculación familiar, cuidado alternativo familiar y agilización de adopciones. Dado que no hay suficientes familias de acogida, diseñamos un modelo en el que las residencias de lactantes incluyen programas de familias de acogida.

Las residencias nunca podrán sustituir la presencia constante de un adulto.

¿Cómo planea el servicio resolver sus listas de espera?

La complejidad del modelo residencial se refleja en que no hay suficientes colaboradores interesados en implementar nuevas residencias; a pesar de la licitación de 74 residencias con aumento de financiamiento sólo se recibieron ofertas para 24.

La estrategia del servicio se centra en aumentar la oferta de cuidado alternativo residencial, pero priorizando que los niños vivan en una familia.

¿Cuál es el principal obstáculo para alcanzar una meta de familias de acogida en Chile, una de las vías para descomprimir?

El principal obstáculo es que no existe una cultura de acogimiento familiar. Esto se refleja tanto en aspectos prácticos como estructurales: las familias pueden enfrentar problemas para incorporar al menor en seguros de salud, para acceder a prestaciones médicas, o limitaciones en permisos laborales, porque legalmente no son hijos. Además, persiste el temor social de que el niño luego sea retirado del hogar, aunque el cuidado sea temporal y con fines de protección y reparación.

Ante la baja presupuestaria que se viene a nivel general, ¿cómo afectarían esto a la protección especializada?

Si les exigimos más a los colaboradores, también debemos aumentar el aporte económico, y por eso el nuevo modelo residencial y el futuro modelo de familias de acogida incluyen incrementos significativos. Por otro lado, el servicio ha logrado aumentar su presupuesto gracias a la sensibilización de distintos actores, incluyendo el Congreso y organismos internacionales, porque la protección especializada requiere recursos para atender la creciente cantidad de niños derivados. Además, necesitamos respuestas especializadas para ciertos casos. Bajo esta lógica, espero que la discusión presupuestaria reconozca la prioridad de la protección especializada y que no se reduzcan los recursos en este ámbito, dada la urgencia y complejidad de las intervenciones que se requieren.

¿Qué puntos serían importantes cambiar en la ley?

Un punto clave es replantear el egreso automático a los 18 años, porque no significa que un joven esté listo para valerse por sí mismo; necesitamos acompañar la transición a la vida adulta.

Además, hay barreras legales que dificultan intervenciones tempranas y completas, como el acceso restringido a carpetas judiciales, que impide entender el contexto de vulneración de cada niño. Por eso estamos trabajando con el Poder Judicial para analizar una muestra de casos y mejorar las alertas tempranas.

También es importante integrar factores como deporte, cultura y educación, que permiten construir un proyecto de vida real para adolescentes.