“Esta medida amenaza la Libertad de Prensa y el Derecho Ciudadano a informarse sobre cualquier caso de interés público”.

Así catalogó el Colegio de Periodistas la moción presentada por un grupo de senadores, la que ya ha sido calificada como un intento de Ley Mordaza 2.0, la que busca tipificar y sancionar con cárcel la divulgación de información de causas judiciales reservadas, como por ejemplo, el caso Audio o los antecedentes de la denuncia por abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve.

A través de una declaración pública, el consejo Metropolitano de la instancia gremial reaccionó al proyecto Boletín 17.484-07, presentado por Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS).

“El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile rechaza el Proyecto de Ley que intenta sancionar con cárcel la difusión de información sobre investigaciones penales reservadas”, señala la instancia gremial.

La moción parlamentaria nacida desde los senadores, se discute en la Comisión de Constitución y uno de los mayores problemas advertidos por el mundo de la prensa, es lo señalado en la página cinco del boletín.

En ella se agrega lo siguiente, lo cual podría incluirse en el Código Procesal Penal y afectar directamente a periodistas: “Sustituyese el inciso final del artículo 226 J por el siguiente: ‘El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo".

Ante esto, el Colegio de Periodistas recalca que “el proyecto, al no diferenciar entre quienes filtran y quienes informan, expone a periodistas y medios a la criminalización, ignorando su función democrática"-

“Gracias al periodismo, la ciudadanía ha conocido casos de corrupción y uso indebido de fondos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos”, afirma el gremio.

“Chile ha avanzado hacia una mayor transparencia en las instituciones públicas, pero esta iniciativa retrocede hacia la opacidad y debilita la democracia. Actualmente existen mecanismos para sancionar filtraciones ilegales de datos y conversaciones privadas que están bajo la custodia de fiscales y/o jueces. Perseguir a quienes informan sólo atenta contra el rol esencial del periodismo”, agrega la comunicación del Colegio de Periodistas.

Por último, desde la orgánica hicieron un emplazamiento al Senado a “cumplir con su rol institucional y eliminar cualquier disposición que criminalice el ejercicio legítimo del periodismo” y también instaron a la ciudadanía a “defender la libertad de prensa como un derecho fundamental”.

Araya descarta que sea una ley Mordaza y confirma posibles multas a periodistas

Uno de los autores del proyecto, el senador Pedro Araya (PPD), defendió las implicancias del proyecto frente a la prensa. Sin embargo, descartó de que se trate de una “ley mordaza”.

“Descarto que esta sea una Ley Mordaza 2.0.Esta es una ley que busca hacerse cargo de un problema que hoy tiene el sistema de persecución penal, que son las filtraciones”, aseguró Araya.

En su justificación para la moción, sostuvo que “acá se pretende regular ciertas situaciones que hoy día tienen un marco difuso de regulación en materia procesal penal, producto de que a la época en que se dictó el código las tecnologías actuales de comunicaciones no existían, y así distinguir aquellas cosas que son de la vida privada de una persona y que se mantengan en ese ámbito, y que sólo sean conocidas aquellas cosas que tengan interés en la investigación penal”.

Así, sostuvo que existe una “colisión de derechos” constitucionales entre la libertad de prensa, la garantía del buen funcionamiento del Sistema Judicial y el derecho a la defensa y honra de las personas.

Araya explicó que el proyecto busca mayores sanciones para los funcionarios públicos ligados a causas penales reservadas como fiscales, funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial y las policías.

Con todo, Araya confirmó que “la mayor pena está dada para los funcionarios públicos y, eventualmente, los periodistas o un particular podrían ser sancionados con una multa”.