En el Diario Oficial fue publicado el Decreto 176, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a identificar, ordenar y retirar los cables en desuso, una medida largamente esperada que concreta la Ley “Chao Cables”, promulgada en 2019 pero sin aplicación real durante seis años.

La entrada en vigor de esta normativa marca el inicio de una etapa de fiscalización activa por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y los municipios, que ahora podrán exigir planes anuales de retiro a los operadores y exigirles planes formales de retiro y ordenamiento de sus redes.

El objetivo apunta a limpiar el espacio público, reducir riesgos de accidentes y mejorar la calidad urbana en calles y barrios del país.

¿Qué establece el Decreto 176?

El nuevo reglamento fija obligaciones claras para los operadores de telecomunicaciones como la identificación y ordenamiento, donde las compañías deberán realizar un levantamiento de sus redes para distinguir entre los cables en uso, los que requieren orden y los que deben retirarse.

Asimismo, contempla planes de retiro coordinados, es decir, que cada empresa deberá presentar planes anuales programados, en coordinación con las autoridades comunales y regionales, para retirar los cables en desuso.

En cuanto a los plazos de ejecución, cada plan tendrá una duración de hasta 12 meses desde su aprobación.

A la vez, los operadores deberán entregar información a Subtel, que será la encargada de controlar el cumplimiento, en conjunto con los gobiernos regionales y municipios.

6 años de espera

La Ley “Chao Cables” fue aprobada en 2019 durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, con la promesa de limpiar los postes de luz del exceso de cables. Sin embargo, la falta de un reglamento específico retrasó su aplicación por seis años.

Recién en marzo de 2025 la Contraloría General de la República tomó razón del Decreto 176, lo que permitió que comenzara su implementación.

El retraso en la tramitación fue duramente cuestionado, sobre todo tras el sistema frontal de agosto de 2024, cuando las lluvias y vientos hicieron colapsar postes con cables en mal estado, agravando la emergencia en varias comunas.

La puesta en marcha de esta normativa implica que, por primera vez, las empresas tendrán la obligación legal de hacerse cargo de sus redes en desuso y no podrán dejarlas abandonadas en el espacio público, lo que permitirá no solo mejorar la imagen urbana, sino también reducir riesgos de incendios, cortes eléctricos y accidentes peatonales.

De acuerdo con el reglamento, la coordinación con las municipalidades será clave para definir las zonas prioritarias de retiro, algo que podría beneficiar de manera inmediata a barrios céntricos y sectores con mayor saturación de cables.

En lo inmediato, la Subtel comenzará la fiscalización activa de los planes que presenten las empresas de telecomunicaciones. A mediano plazo, la expectativa apunta a que el retiro de cables en desuso se convierta en un proceso regular y sistemático, con actualizaciones anuales.