La comisión de la Cámara de Diputados revisora de la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue aprobó la procedencia del libelo.

Votaron a favor los diputados Cosme Mellado, Álvaro Carter, Marco Antonio Sulantay y Maite Orsini, presidenta de la comisión. Mónica Arce no estuvo presente en la sesión.

Se designó al diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri, impulsor del libelo, para que informe a la sala.

“Mi voto es favorable porque estos hechos impropios deben ser corregidos. Si esto no se hace, estaremos frente a una grave amenaza de deslegitimar la justicia como función pública esencial”, sostuvo Cosme Mellado al fundamentar su decisión.

Marco Antonio Sulantay, a su vez, manifestó que existiría el mérito jurídico para “que la acusación prosiga su tramitación y en definitiva sea el Senado quien pueda resolver en su calidad de jurado”.

“De los antecedentes expuestos en el nivel acusatorio se desprende, a mi juicio, que el ministro incurrió en el ilícito constitucional”, indicó.

La diputada Maite Orsini, por su parte, apuntó que el defensor de Felipe Lizama Allende no pudo despejar las dudas respecto a la conducta del juez.

“No desvirtuó los hechos ni justificó la falta de respaldo económico”, dijo en alusión a los cruceros de lujo que el juez compartió con los abogados del consorcio chileno bielorruso que se favoreció con los fallos de Simpertigue.

Orsini lamentó la ausencia del abogado Felipe Lizama Allende en las sesiones de la comisión este miércoles.

“Nunca había visto que un abogado defensor no se presentara a la sesión en la que se va a votar la acusación constitucional, ni se presentara tampoco a escuchar las alegaciones de los invitados que él mismo solicitó invitar a esta comisión”, comentó.

La diputada opinó que la ausencia del letrado se debió a que “no quería enfrentar a la comisión o las preguntas respecto de su presentación” y dijo que ello “contribuye a las sospechas cada vez más fundamentadas de que esta acusación constitucional tiene todo el mérito del mundo”.

La acusación consta de tres capítulos acusatorios.

El primero apunta a la presunta responsabilidad del acusado por haber faltado de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec.

El segundo capítulo, en tanto, plantea la responsabilidad del ministro en presuntamente haber faltado de manera notable al deber de probidad por supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales.

El tercer capítulo, finalmente, responsabiliza al juez de haber infringido de manera notable el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta.

En la sesión previa a la votación la comisión recibió al ministro de la Corte Suprema Mario Carroza.

“Es lamentable que tengamos que vernos envueltos en estas situaciones. No hemos tenido un buen comportamiento”, señaló Carroza a la prensa del Congreso tras la sesión.

Aunque finalmente optaron por desistir, en septiembre de 2024, diputados de oposición promovieron una acusación constitucional contra el magistrado, basada en un supuesto tráfico de influencias en el nombramiento de notarios, conducta que es reprochada a Simpertigue en el segundo capítulo de la acusación.