A través de una declaración pública dada a conocer este jueves, un grupo de figuras relacionadas con los derechos humanos y encabezado por la expresidenta de la DC, Carmen Frei, rechazaron las declaraciones de José Antonio Kast, en favor de un proyecto que busca indultar a presos con enfermedades terminales, lo que podría incluir a autores de crímenes de lesa humanidad como Miguel Krassnoff.

El texto, también firmado por los abogados Nelson Caucoto, Luciano Fouillioux, Francisco Ugás y Alonso Ignacio Salinas García, junto a la activista Alicia Lira y María Paz Ortega Frei, plantea que la iniciativa respaldada por el candidato republicano a La Moneda representa “un doloroso retroceso” y un riesgo de “impunidad” incompatible con los compromisos internacionales de Chile.

Así, la declaración parte recalcando cómo la comunidad internacional y Chile han avanzado en establecer como un valor fundamental el “respeto irrestricto a la dignidad humana y el reconocimiento y protección de los derechos humanos”. Lo que se ha expresado en múltiples tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado chileno, que se encuentran en vigor.

Ante esto, los firmantes recalcan que “estas normas sobre derechos humanos obligan, por ende, a los gobiernos de cualquier signo político, los que deben reconocerlos, respetarlos, protegerlos y promoverlos, sin discriminación”.

Para luego recalcar que “la propuesta de indultar, liberar o intentar cualquiera otra forma que signifique impunidad y extraer de la justicia a quienes cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil-militar (...) representa un doloroso retroceso y una regresión grosera en la memoria histórica de nuestro país”.

Además fueron enfáticos frente a lo que ven como un intento de instrumentalización de las causas en torno a los DD.HH. con fines electorales. Es así como afirman que “los derechos humanos son universales e irrenunciables, y jamás pueden ser usados o instrumentalizados como un botín político”.

“No podemos permitir ni aceptar una interpretación antojadiza y parcializada de la historia, que pretenda relativizar los horrores y sufrimientos vividos durante la dictadura por miles de chilenas y chilenos”, señalaron.

A lo que sumaron el papel de la justicia como igual para todos y que este tipo de proyectos puede tensionar a nuestra sociedad con la posible liberación de culpables de “delitos de asesinatos, violaciones, torturas, desapariciones forzadas” y que no se cumplan las condenas establecidas “jamás traerá la paz y mantendrá esta herida abierta en el alma” del país.

En el texto el grupo además reivindica los pilares de los procesos de justicia transicional, afirmando que “la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición son deberes del Estado”, y que el tratar de revertir los fallos judiciales “sólo profundizará, con insospechadas consecuencias, las heridas de Chile”.

Para cerrar su declaración haciendo un llamado a los chilenos a defender la democracia y los derechos humanos, rechazando cualquier intento de dar impunidad a los culpables de crímenes atroces, sean civiles o militares.

“El respeto a los derechos humanos y su fundamento esencial, la dignidad humana, jamás puede estar sujeto al debate ni a cálculos electorales”, se lee finalmente.