Ha pasado casi un mes y medio desde que los consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI anunciaron su intención de ingresar un requerimiento de destitución contra el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Durante ese periodo el ex-DC ha debido activar distintas líneas de defensa, tanto administrativas como judiciales. Todo esto luego de que la Contraloría informara de un presunto uso de fondos públicos para financiar una asesoría orientada a favorecer su reelección.

Para enfrentar el proceso en el Tricel, Orrego fichó a cinco abogados de alto perfil, quienes liderarán su defensa ante un eventual proceso de remoción.

Este equipo está encabezado por el abogado Ciro Colombara, quien ha representado a figuras como la contralora Dorothy Pérez en su disputa contra el excontralor Jorge Bermúdez, al expresidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami ante el Tribunal Constitucional y el propio Tricel en 2021.

Consultado por La Tercera, Colombara sostiene que por el momento no se van a “pronunciar sobre los borradores que han circulado ni sobre los trascendidos de quienes están trabajando en la presentación contra el gobernador, que reconocen las debilidades jurídicas del requerimiento”. Y agrega que “una vez que se presente -si es que ocurre- lo vamos a desvirtuar donde corresponde, en el Tricel. No vamos a litigar por la prensa”.

Al equipo se suma el constitucionalista Gastón Gómez, uno de los abogados más reconocidos en el mundo de Renovación Nacional, donde militó hasta 2014, quien elaborará un informe en derecho como parte de los antecedentes de la defensa.

Su participación en la defensa del ex-DC, dicen algunas fuentes, ayudaría a explicar en parte la cautela con la que RN ha abordado este proceso, a diferencia de la premura con la que la UDI decidió sumarse al requerimiento, generando tensiones dentro de Chile Vamos.

El aterrizaje de Gómez no fue improvisado. Era una de las figuras con las que el gobernador venía dialogando desde el inicio de la ofensiva que se preparaba y su incorporación se explicita como una apuesta estratégica. Considerado el constitucionalista favorito en la centroderecha, el abogado ha sido durante años un referente doctrinario y formador de generaciones de abogados ligados, además de RN, a la UDI y sectores independientes. Su paso por la militancia, su cercanía desde los 90 con el expresidente Sebastián Piñera (para muchos su abogado favorito) y su rol como académico en distintas universidades lo han posicionado como uno de los principales articuladores del pensamiento jurídico de ese sector.

A ellos se suman como asesores otros abogados cercanos al gobernador, entre ellos el constitucionalista Patricio Zapata, amigo de larga data de Orrego y con quien compartió años de militancia en la Democracia Cristiana. También el exministro del Interior y Defensa Jorge Burgos.

EL quinto elemento es Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista y exsubsecretario del Interior, quien, entre otras cosas, fue el defensor del exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz durante la acusación constitucional en su contra.

Las aristas en el Tricel

El requerimiento que preparan republicanos y la UDI apunta a la destitución de Orrego por “notable abandono de deberes y falta a la probidad”, según el borrador al que accedió este medio.

De acuerdo con el jefe de bancada de los cores UDI, Álvaro Bellolio, el documento sería ingresado dentro de las próximas 24 horas, es decir, este viernes.

Ambas acusaciones están fundamentadas en dos informes de la CGR, el N° 873, relativo a asesorías de coaching presuntamente utilizadas con fines electorales, y el N° 265, que apunta a irregularidades en la Corporación Regional de Desarrollo.

La primera arista se originó luego de que el ente fiscalizador detectara el presunto uso irregular de recursos públicos para beneficiar la reelección de Orrego.

Lo anterior, mediante la contratación de una asesoría que supuestamente buscaba entregar herramientas a funcionarios y mejorar el clima laboral, pero que, en la práctica, habría abordado materias políticas vinculadas con la campaña del entonces gobernador.

Como consta en el informe de 159 páginas, se afirma que el Gore contrató servicios que se alejaban de los fines institucionales, en beneficio personal de Orrego. La entidad fiscalizadora fue enfática: “El Gobierno Regional efectuó erogaciones de recursos para contratar servicios de asesorías en las cuales se abordaron temáticas que no tienen relación con la finalidad y objetivos de esa entidad, sino en beneficio de don Claudio Orrego Larraín, por cuanto en estas se analizaron materias relacionadas con su campaña electoral y contingencia política”.

Por este motivo, Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público, donde la fiscal Constanza Encina quedó a cargo de la investigación penal por presuntos delitos. Causa en la que Orrego fichó al estudio Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann (BACS), puntualmente a los abogados José Pedro Silva y Miguel Schürmann.