Carabineros de Chile se refirió esta tarde al informe de Contraloría que detectó una serie de irregularidades en el actuar de policías uniformados durante controles de tránsito.

De acuerdo a la investigación realizada por el órgano encabezado por Dorothy Pérez, funcionarios de la institución incumplieron una serie de normativas al no retirar vehículos con encargo ni detener a personas prófugas de la justicia. Todo esto en el marco de controles de tránsito que se hicieron en la Región Metropolitana entre enero de 2023 y julio de 2024.

En ese sentido, según da cuenta el informe de la Contraloría, 626 vehículos que estaban con encargo por robo no fueron retirados de circulación al momento de ser controlados y fiscalizados por los funcionarios policiales.

El análisis del organismo encabezado por la contralora Pérez, determinó además que 144 personas que tenían órdenes de detención por diferentes delitos como abuso sexual, tráfico de drogas o porte ilegal de armas, no fueron detenidas por Carabineros pese a encontrarse con una orden de detención al estar prófugos de la justicia.

La respuesta de Carabineros

“Respecto al Informe N° 158/2025 emitido por la Contraloría General de la República, Carabineros de Chile, con profundo sentido de responsabilidad institucional, acoge las observaciones contenidas en dicho documento con espíritu autocrítico", manifestó la institución policial a través de un comunicado.

Junto con esto, anunció una serie de acciones concretas que se implementaron en la institución tras darse a conocer el análisis del órgano contralor:

• La revisión integral de los protocolos de consulta de antecedentes.
• El fortalecimiento de la coordinación entre unidades operativas y técnicas.
• La intensificación de los procesos de capacitación en fiscalización vehicular.
• La incorporación de soluciones tecnológicas en el sistema de control vehicular institucional.

“Carabineros de Chile reafirma su compromiso irrestricto con la legalidad, la transparencia y el perfeccionamiento permanente de sus procesos. Cada observación proveniente de los organismos fiscalizadores del Estado es recibida con la seriedad que corresponde, y se traduce en medidas correctivas que refuerzan el servicio policial prestado a la comunidad”, finaliza la declaración.