“Yo acuso a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del Presidente (Gabriel Boric) y la del país completo, de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad, como fue la mañana del 23 de septiembre“.

El 25 de noviembre del año pasado, la entonces ministra del Interior Carolina Tohá -hoy candidata presidencial del Socialismo Democrático-, se refería así a quien durante dos años fue su subsecretario, el médico Manuel Monsalve. A esa altura, el otrora jefe de las policías ya se encontraba en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una subalterna.

Fue la propia Tohá quien le pidió a la Contraloría hacerse cargo del sumario en contra de la exautoridad quien renunció a su cargo, en uno de los patios de La Moneda, el 17 de octubre de 2024, poco después que se hiciera pública la denuncia en su contra.

Y es que junto a la investigación penal, el Gobierno estaba obligado a iniciar un proceso administrativo que estableciera qué infracciones se habían cometido del reglamento que rige para los funcionarios públicos para los hechos terminaran en una acusación criminal entre una subalterna y su jefe. Como habían compañeros de la denunciante entre los testigos y autoridades de La Moneda que sabían antes de los hechos, se decidió solicitar al organismo dirigido por Dorothy Pérez que interviniera, y así otorgar mayores garantías a todos los afectados.

Una etapa importante de este proceso concluyó el lunes 9 de junio cuando el contralor regional metropolitano, René Morales envió una notificación al departamento en Viña del Mar donde Monsalve pasa su arresto domiciliario. El exsubsecretario reside en ese lugar luego que la Corte Suprema revocara su prisión preventiva el 19 de mayo pasado.

La resolución del sumario, según la notificación, es lapidaria. Tras una serie de diligencias, la Contraloría de la RM decidió levantar en contra de Monsalve siete cargos por una serie de graves infracciones que la exautoridad cometió en etapas previas y posteriores a la denuncia por violación que estampó su subalterna el 14 de octubre del año pasado.

Por estos días, Monsalve, quien lleva más de un mes fuera de Capitán Yáber, no tan sólo debe preocuparse por su situación penal -donde arriesga 15 años de cárcel y será reformalizado el próximo 18 de julio, según solicitó hace algunas horas-, sino también en librar de las imputaciones del ente fiscalizador.

Conductas impropias en La Moneda

El primero de los siete cargos, según fuentes conocedoras del proceso, se remite a la salida que Monsalve tuvo junto a la denunciante el 1 de septiembre del año pasado cuando fueron, según ella a una reunión de trabajo, según él a una cita. Tras una serie de toma de declaraciones, en la que participó la víctima, se determinó como “una conducta impropia” el haber terminado ese encuentro con un beso.

Y es que ambos, tanto el exsubsecretario como la funcionaria, coinciden en sus declaraciones ante Fiscalía que el encuentro terminó con un acercamiento íntimo. Sólo que las versiones cambian, ya que la mujer de 32 años dicen haber sido sorprendida por su jefe, y este asegura que fue una situación consentida. Con todo, Contraloría determinó que dicha actuación en el caso de él fue una infracción grave a sus deberes como autoridad.

Más adelante se le atribuye una “conducta atentatoria en contra de la dignidad de una subalterna”. En esa línea, se levanta un segundo cargo que dice relación con la denuncia propiamente tal de la subalterna y la salida al restaurante Ají Seco Místico que terminó con ella en el hotel en el que residía Monsalve en Santiago tras beber -según la versión de ambos-, varios vasos de pisco sour en el local, tras lo cual ambos no recordarían lo que ocurrió.

Como el ente fiscalizador no tiene como propósito calificar si estos hechos revisten carácter de delito o no, se limitó a establecer que todo lo denunciado -que declararon en el sumario testigos de oídas-, es una situación que afectó de manera directa a una funcionaria que estaba bajo sus órdenes.

Ocultó información

En tercer lugar, el sumario administrativo determinó levantar cargos contra Monsalve “por no informar oportunamente” de todo lo que estaba ocurriendo a sus jefes, en el entendido que en este caso eran la ministra Tohá y también el Presidente Gabriel Boric. Si bien, ambos supieron de lo ocurrido cuando ya había una denuncia penal en marcha, de boca de la PDI, se le reprocha al exsubsecretario no haber alertado lo que estaba ocurriendo en la repartición que dirigía.

Otro de los hechos que son calificados como graves infracciones a su deber funcionarios, y por los que se le levanta otro cargo, es por no haber hecho uso de su escolta policial el 22 de septiembre, día en que liberó a los policías. Esto último, pese a que Monsalve en su declaración judicial asegura que siempre hacía esto durante los fines de semana en que no estaba ejerciendo labores institucionales.

El quinto cargo que le atribuye la Contraloría de la RM tiene que ver con haber invocado la Ley de Inteligencia haciendo un mal uso de ella. Y es que Monsalve una vez que la subalterna presenta una licencia médica y deja de ir a su trabajo en La Moneda, contactó a la entonces jefa de Inteligencia de la PDI Cristina Vilches, mandatando a que se revisaran cámaras de seguridad de la noche del 22 de septiembre, bajo la supuesta premisa de que podría haber sido drogado junto a la funcionaria.

Finalmente en los cargos 6 y 7 del sumario, se le imputa haber “hostigado” a la denunciante. Primero, avalando que detectives de inteligencia le llevaran un sandwich -simulando ser un delivery- para saber como estaba y por haberla llamado insistentemente cuando sabía que la mujer había presentado una licencia médica.

*Esta nota fue actualizada el sábado 14 de junio a las 12:45 horas.