El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió durante la mañana de este jueves al informe de Contraloría que detectó que la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la Tía Rica, permitió a más de mil usuarios con antecedentes penales empeñar $1.507 millones.

“Para nosotros es un informe de preocupación desde la perspectiva de seguridad pública”, señaló Cordero, añadiendo que “ese informe de auditoría entrega y proporciona antecedentes bien relevantes por un factor que, en materia de seguridad, las instituciones que trabajan en torno al Ministerio de Seguridad han estado tratando de focalizar políticas muy específicas y es evitar el contacto de flujos de recursos ilícitos con el Estado”.

Según señaló Cordero, “uno debe evitar es que las organizaciones criminales utilicen medios o vehículos legales para poder blanquear sus recursos”, apuntando que “eso todavía es más preocupante cuando se ocupa esos mecanismos de blanqueo con instituciones estatales”.

Cordero además señaló que “utilizar una función pública asociada al crédito prendario que tiene la Dicrep para blanquear recursos por parte de organizaciones que cometan delitos es una situación muy preocupante que nosotros, al margen de lo que enseñó la Contraloría, nosotros estamos evaluando los antecedentes desde el punto de vista de seguridad pública”.

El informe de la Contraloría detectó que que 1.681 empeñantes con antecedentes penales realizaron operaciones en forma recurrente por un monto de $1.507.026.380 y no retiraron posteriormente las prendas empeñadas.

Finalmente al ser consultado sobre una reformulación de la Dicrep, Cordero apuntó “Todos los aspectos que están vinculados a decomisos de bienes nosotros requerimos de una institucionalidad distinta para administrar los decomisos. Desde la perspectiva de seguridad pública nosotros estamos trabajando en un régimen institucional distinto”, añadiendo que “la reformulación de la Dicrep es un debate que tiene ya un par de décadas. A mí no me corresponde pronunciarme. Sí, respecto a las evaluaciones de riesgo de las operaciones que puedan tener esas instituciones y que pueden afectar la seguridad pública”.