La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, presentada en contra del Conservador de Bienes Raíces de Santiago por eliminar la inscripción de dominio de un inmueble adquirido por la parte demandante, ordenando un pago cercano a los $335 millones.

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Maritza Villadangos, Jenny Book y la abogada (i) Claudia Candiani– revocó una sentencia dictada en noviembre de 2022 por el 26° Juzgado Civil de Santiago que había rechazado la demanda.

El tribunal condenó al Conservador de Santiago a pagar a Pedro Claudio Gallardo Mandujano las sumas de 5.500 Unidades de Fomento (cerca de $216 millones) por concepto de daño emergente y $119.000.000 por lucro cesante.

“La supresión de la inscripción de dominio –hecho que ha quedado acreditado en autos, tanto por los documentos públicos acompañados como por la confesión ficta producida en el proceso– se verifica, además, mediante la constatación objetiva de la ausencia de la correspondiente anotación en el Registro de Propiedad. Esta actuación unilateral, ejecutada sin respaldo en resolución judicial ni en acto administrativo fundado, constituye un proceder arbitrario e ilegal, incompatible con los principios de legalidad e inalterabilidad que rigen la función conservatoria”, sostiene el fallo.

“Al haberse verificado una omisión ilegítima que ocasionó un menoscabo económico al actor, y no habiéndose valorado adecuadamente los antecedentes probatorios ni aplicado correctamente las normas sobre responsabilidad extracontractual ni los principios registrales fundamentales, esta Corte revocará la sentencia apelada en este extremo, acogiéndose la demanda de indemnización por concepto de daño emergente”, expone la resolución.

El monto de 5.500 UF apunta a una pérdida cierta, actual y económicamente evaluable, derivada de la imposibilidad de consolidar el derecho de dominio sobre el bien adquirido.

La otra cifra, deriva de un contrato de arriendo celebrado por un plazo de diez años, con una renta mensual de $1.000.000. Así, se calculan las rentas que el demandante dejó de percibir durante los 119 meses que habría durado el contrato, privación que resulta directamente vinculada a la supresión ilegítima de la inscripción de dominio.