En una reunión extraordinaria de Pleno, la Corte Suprema definió el procedimiento para los casos de autodenuncias por uso irregular de licencias médicas en el Poder Judicial.

Este, en el marco de la investigación de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló que entre 2023 y 2024 más de 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras gozaban de licencia médica.

Si bien el Poder Judicial -por ley-no es auditado por el órgano fiscalizador que encabeza Dorothy Pérez, el máximo tribunal ordenó a la unidad de Recursos Humanos de su Corporación Administrativa hacer un catastro de los últimos cinco años de la cantidad de jueces y funcionarios que han presentado permisos por salud.

El Pleno determinó que si ya se estaban tramitando por la vía administrativa esas denuncias, por ejemplo con un sumario, el caso debía pasar al fiscal judicial de la corte que corresponda.

Además, se dispuso que los listados que el presidente de la Corte Suprema, ministro Ricardo Blanco, solicitó a todas las cortes, se revisarán en el Pleno del máximo tribunal.

“Cada corte de apelaciones una vez recibida la nómina consolidada que la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema les remita, deberá instruir una investigación administrativa respecto de las personas adscritas a su jurisdicción en calidad de titular, suplente o contrata, y designar a un miembro de la fiscalía judicial respectiva para que sustancie centralizadamente todos los sumarios relativos a estos hechos”, señala el primer punto acordado.

En segundo lugar, “para el caso que ya existieren sumarios iniciados por los sucesos a que se hace referencia, quien lo esté instruyendo deberá disponer su suspensión inmediata y remitir a la corte de apelaciones pertinente, debiendo el miembro de la fiscalía judicial designado conforme al numeral precedente, continuar su tramitación, sumándolo a los procedimientos disciplinarios de este tipo que ya estuvieren bajo su conocimiento”.

Por otro lado, para que eso sea efectivo, las cortes de apelaciones “deberán solicitar a los tribunales y unidades judiciales de su jurisdicción, la remisión de todos los procedimientos disciplinarios relativos a los hechos que han dado motivo a las instrucciones que se imparten, cualquiera que sea su estado procesal”.

Se dispuso el envió de estas instrucciones generales a todas las cortes de apelaciones del país.