A dos días de que expire el plazo fijado por la Corte para desalojar la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, el anuncio del gobierno de expropiar 100 hectáreas para impulsar un proyecto habitacional generó reacciones parlamentarias.

La determinación, informada desde La Moneda por los ministros Carlos Montes (Vivienda), Camila Vallejo (Segegob) y Álvaro Elizalde (Interior), busca mitigar el impacto social de una orden judicial que alcanza a más de 10 mil personas que habitan el asentamiento considerado el más grande del país, con 4.136 hogares y 10.521 residentes, entre ellos más de 3 mil niños, niñas y adolescentes.

El telón de fondo es un conflicto que se arrastra desde 2023, cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección de la propietaria de los terrenos y ordenó el desalojo, sentencia ratificada por la Corte Suprema en marzo de este año.

A inicios de noviembre, el tribunal fijó 30 días para evacuar las 215 hectáreas ocupadas e instruyó a la Municipalidad y a los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social a habilitar albergues de emergencia. El vencimiento del plazo es este jueves 4 de diciembre, fecha en la que el Ejecutivo además debe presentar un plan operativo de desalojo con etapas y resguardos sociales.

Reacciones parlamentarias

En ese escenario, la oposición acusó improvisación y ausencia de respaldo financiero. La diputada Natalia Romero (Independiente-UDI) sostuvo que la expropiación “no tiene por objetivo ofrecer una solución real y concreta” sino “eludir la responsabilidad” y traspasar el problema al próximo gobierno.

Según dijo a La Tercera, la señal es “preocupante” porque instala un precedente injusto frente a quienes esperan vivienda cumpliendo requisitos legales.

“Por lo demás, el Minvu atraviesa por una profunda crisis económica, con millonarias deudas a proveedores, por lo que no existe ninguna claridad respecto de la fuente de los recursos. Por donde se le mire, es un acto absolutamente irresponsable”, remarcó.

Desde una vereda distinta, el senador Iván Flores (DC) defendió la herramienta jurídica y pidió desdramatizar el concepto. Afirmó que la expropiación está estrictamente regulada y exige un proyecto de interés público y la inexistencia de alternativas razonables.

En ese tenor, explicó que el proceso contempla una comisión de peritos tasadores inscritos en el Ministerio de Obras Públicas para fijar el “justiprecio”, con la posibilidad de discutir la tasación en tribunales.

“No se trata ni de un precio especulativo del vendedor ni de uno artificialmente bajo del pagador. Se paga lo que corresponde y es una figura vigente desde los años 60 que sigue dando solución en casos especiales”, enfatizó, añadiendo que no ve problema alguno en utilizar una atribución que la ley consagra.

Respaldo del oficialismo

Por otra parte, el diputado Tomás Lagomarsino (PR), respaldó la medida en lo inmediato, aunque advirtió que “el cuello de botella” es el precio.

Según relató, la negociación con los propietarios naufragó porque exigían un valor por metro cuadrado por sobre la tasación comercial, lo que tornó imposible el acuerdo. “Me parece adecuado que se avance en una expropiación si es para pagar el valor comercial”, afirmó.

Aun reconociendo la estrechez financiera del Minvu, valoró que el Estado haya dispuesto recursos para comprar y expresó su expectativa de que la señal del Ejecutivo “permita destrabar la adquisición de los restantes kilómetros cuadrados y resolver el fallo judicial”.

En tanto, la bancada del Frente Amplio cerró filas con el Ministerio de Vivienda. El diputado Diego Ibáñez planteó que la situación es “sumamente excepcional” tras casi una década de expansión del campamento y que el deber del Estado es dialogar y proteger a los niños y familias hoy en déficit de vivienda.

Detalló además que parte de los terrenos expropiados se destinarán al municipio para equipamiento y áreas verdes, elemento que ayudaría a normalizar la presión urbana en San Antonio, una comuna estratégica por la relevancia del puerto para la economía nacional.

El diputado Jorge Brito (FA) valoró el inicio del proceso para “construir hogares y barrios seguros y dignos”, pero admitió las incertidumbres que han vivido las familias.

En la misma línea, el diputado comunista Luis Cuello calificó la medida como una respuesta a un “problema social y humanitario” y acusó ánimo especulativo de los dueños al fijar precios.

Recordó que, junto con la diputada Camila Rojas, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presencia de personas enfermas y dependientes de oxígeno en el campamento. “No se puede abordar una tragedia humana desde la ganancia; lo que se ha hecho hoy es lo correcto”, apuntó.

“El precio solicitado estaba por sobre el de mercado”

En La Moneda, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, defendió el camino escogido y subrayó que la expropiación es una práctica habitual del Estado. “Usaremos todas las herramientas del Estado de Derecho.

La expropiación la ha ocupado este y todos los gobiernos”, dijo, subrayando que se respetará el mandato judicial y que el desalojo partirá por los terrenos no adquiridos para el proyecto.

El ministro Álvaro Elizalde reforzó el argumento técnico, precisando que “el precio solicitado estaba por sobre el de mercado (…) se ha tomado la decisión de usar una herramienta que nuestro ordenamiento jurídico confiere y que muchos gobiernos han utilizado”.

De igual modo, recordó que en los últimos años se han dictado 258 decretos de expropiación en distintas áreas.

El quiebre con los propietarios se produjo cuando éstos fijaron como piso 0,4 UF por metro cuadrado y exigieron una garantía bancaria, mientras que la propuesta estatal -basada en peritajes externos- fue de 0,22 UF.

Tras la ruptura, el Serviu y el Minvu activaron las facultades para expropiar el lote 1-A (100 de las 215 hectáreas), donde se concentra la mayor cantidad de familias, con un costo estimado de $11 mil millones y un pago final de 0,23 UF por metro cuadrado.

La estrategia oficial se moverá en dos carriles simultáneos, que contemplan la expropiación y diseño del plan habitacional -que recogerá la organización de 40 cooperativas cerradas que representan al 90% de los hogares- y ejecución del desalojo en zonas no expropiables o de alto riesgo.

“Cumpliremos lo que determine la Corte, sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria”, sostuvo Montes.