El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, dio a conocer que la Contraloría General de la República ya está tramitando el decreto del Presidente Gabriel Boric para transformar Punta Peuco en un penal común,medida que el Mandatario anunció en su última cuenta pública, el pasado 1 de junio.

Tras el anuncio que hizo el Presidente Boric en su última cuenta pública ante el Congreso, el Ejecutivo ofició a Gendarmería para que realice un informe técnico para proceder a la modificación mediante decreto.

Gajardo informó que ese decreto ya fue firmado y está en manos del organismo fiscalizador.

La cárcel ubicada en Tiltil mantiene a 139 internos, condenados por violaciones a derechos humanos en la más reciente dictadura chilena y se trata, en su mayoría, de exmiembros de las Fuerzas Armadas de avanzada edad.

“El decreto ya se encuentra firmado tanto por el Presidente de la República como por el ministro de Justicia. Y este decreto ha ingresado a la Contraloría General de la República y estamos en pleno proceso de tramitación”, indicó el secretario de Estado, consultado por el tema la mañana de este jueves en la Escuela de Gendarmería, en Santiago.

El titular de Justicia precisó que “los decretos supremos, para que tengan plena validez, requieren de la toma de razón de la Contraloría General de la República”.

“Los establecimientos penitenciarios, ya sea su creación, su modificación o su extinción, se tienen que realizar mediante decreto supremo. Y para eso se tiene que tomar primero razón por parte de la Contraloría General de la República, es decir, realizar el control de legalidad”, explicó.

En esa línea, la autoridad recordó que el decreto que está vigente respecto a la cárcel establece que Punta Peuco es un lugar “para que las personas que violaron gravemente los derechos humanos, que cometieron los crímenes más atroces, tengan un recinto especial para el cumplimiento de su condena”.

“El Presidente de la República, lo que determinó en su cuenta pública el 1 de junio, fue que no existan recintos especiales para los violadores de los derechos humanos. Y para eso, mandató a que cambiáramos, primero, el destino de ese recinto penitenciario, y en segundo lugar, una vez que se cambie, formalmente, podamos realizar aquellas adecuaciones que sean necesarias”, indicó el ministro.

Respecto a plazos, la autoridad de gobierno indicó que “solo queda el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría”, por lo que la modificación estaría concluida antes del fin del gobierno, durante los próximos ocho meses.

“Esa es la instrucción clara y concreta del Presidente de la República, que nosotros podamos no solo materializar el cambio formal, cosa que ya estamos en pleno proceso, solo queda el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, sino que además también veamos aquellos aspectos materiales para que se concrete un cambio efectivo del penal”, dijo.