El abogado Alejandro Awad, defensor de Josefina Huneeus en el caso ProCultura, refutó los planteamientos que hizo el Ministerio Público para fundamentar ante la Corte Suprema la apelación que presentaron contra el fallo que declaró ilegales las escuchas a la exesposa de Alberto Larraín.

“Es un fallo excepcional y basta leerlo. Afortunadamente, acá no hay que creerle a nadie. Cualquiera puede leer el fallo, impresionarse de la calidad de su argumento y de la seriedad con que afrontaron la tarea encomendada y cómo fueron capaces de exponer sus razonamiento en alrededor de 48 horas. A mí, la verdad, un fallo que me impresionó favorablemente”, señaló el abogado, en alusión a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta impugnada por el Ministerio Público y querellantes.

Awad habló con la prensa en el Palacio de Tribunales, luego de alegar ante la Segunda Sala de la Corte Suprema.

En el diálogo fue consultado por el escrito que presentaron para que se les informe sobre una interceptación a comunicaciones del hijo de su representada.

“No sabemos cómo se procesó la información obtenida de ese teléfono y estamos pidiendo que se nos informe. Pero ahí no tenemos ninguna queja. Meramente estamos pidiendo que se nos den los antecedentes”, precisó Awad.

“Fueron algunos días. Pero, queremos saber si es que en esos días se actuó conforme a la ley o si se infringió la normativa, que es una normativa particularmente relevante. Estamos hablando de una de las medidas intrusivas más graves del sistema”, agregó.

El letrado también abordó las críticas del Ministerio Público que apuntan a elementos políticos en la resolución del tribunal de alzada que acogió el recurso de amparo que presentó la defensa de Huneeus.

“Obviamente hay un par de alusiones en donde se desliza alguna retórica que excede el mero legalismo, pero no me parece ni una resolución injuriosa, ni una resolución fuera de tono. Y me parece una resolución, y lo repito, particularmente bien argumentada y excelentemente lograda”, aseguró.

“Nosotros no tenemos tesis, digamos, histórica con respecto a esto. Lo que tenemos es la certeza de que acá se cometieron graves ilegalidades contra mis representadas y que en un Estado de derecho de un país democrático esas ilegalidades deben ser, en primer lugar, ojalá no cometidas. Y cuando se cometen, deben ser enmendadas por la justicia. Y para eso hemos venido acá y eso es lo que esperamos de la Corte Suprema que confirme lo que resolvió la Corte de Apelaciones de Antofagasta”, cerró el defensor.