La defensora nacional, Verónica Encina Vera, emitió una declaración en la que reflexiona sobre los alcances de la propuesta de protección de antecedentes en el proceso penal impulsada por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti.

“Desde la Defensoría Penal Pública compartimos la preocupación por las filtraciones porque a quienes más perjudica es a los imputados, especialmente, cuando los medios los exponen sin siquiera haber sido formalizadas. Pero también creemos que la solución debe estar basada en datos, trazabilidad institucional y mecanismos de control, no en criminalizar la defensa ni a los medios de comunicación”, recalcó Encina.

La defensora hizo ver sus reparos a la llamada Ley Mordaza 2.0, advirtiendo que “la solución no está en criminalizar”.

“Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto de ley que busca sancionar penalmente las filtraciones en investigaciones penales, es la creación de una carpeta paralela de información reservada: un repositorio de antecedentes que el Ministerio Público podrá separar del archivo principal por considerar, bajo su exclusivo criterio, que no tienen interés penal”, expuso la defensora.

En esa línea, indica que ese mecanismo “no solo carece de control judicial efectivo, sino que impide que cualquier interviniente —defensa, víctimas y querellantes— pueda acceder a dicha información".

“En la práctica, se trata de un espacio opaco, sin trazabilidad ni fiscalización, que rompe con uno de los pilares del sistema acusatorio: el equilibrio entre partes y el control cruzado”, argumentó.

A lo anterior, expuso la defensora, se suma “el riesgo de criminalizar la actividad periodística”.

“Algunos de los tipos penales propuestos utilizan verbos como informar, difundir o divulgar, lo que abre la puerta a que no solo se sancione a quien filtra la información, sino también, a quien la publica”, apuntó Encina.