En el marco de su cuenta pública y de la entrega de su informe anual, la Defensoría de la Niñez realizó un balance estadístico y presentó un análisis de la situación en Chile de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

La actividad contó con la asistencia del Presidente Gabriel Boric, de los(as) ministros(as) Luis Cordero (Seguridad Pública), Javiera Toro (Desarrollo Social y Familia) y Nicolás Cataldo (Educación), así como de los subsecretarias Carolina Leitao (Prevención del Delito) y Verónica Silva (Niñez), entre otras autoridades.

Respecto al informe -el séptimo desde la creación de este organismo público-, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, adelantó: “Este año co-construimos el Informe con niños, niñas y adolescentes, incorporando su voz en cada tema. Queremos que las decisiones públicas reflejen tanto la mirada técnica, como también la experiencia de quienes viven sus consecuencias”.

Si bien la Defensoría de la Niñez reconoció algunas de las políticas implementadas por el gobierno -entre ellas el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez y la instalación de Oficinas Locales de la Niñez-, advirtió que “aún se mantienen importantes deudas en bienestar, protección frente a la violencia y participación efectiva de NNA en las decisiones que los afectan”.

“Entre 2020 y 2024 las medidas judiciales de protección por vulneraciones de derechos aumentaron 37%, y, por otra parte, de las más de cien recomendaciones prioritarias formuladas por la Defensoría, la mitad presenta rezagos significativos, mientras que las más urgentes aún no muestran avances”, recoge el informe. De esta cifra, 43% de los casos permanecen en lista de espera y cerca de un 25% enfrenta demoras superiores a 90 días en su atención.

Este año, además, la institución acogió 2.787 requerimientos ciudadanos. Un 61,8% corresponde vulneración de derechos. Ante esta situación, el organismo presentó 94 denuncias administrativas, principalmente ante la Superintendencia de Educación, junto a 15 denuncias penales y 27 querellas, 11 de ellas por casos de explotación sexual.

En esa línea, durante las 16 visitas realizadas a centros de protección y privación de libertad, así como en las 18 observaciones a asentamientos, residencias y recintos educativos, se constataron deficiencias de infraestructura, desalojos sin planificación y falta de coordinación institucional.

El Observatorio de Derechos de la Niñez, por su lado, evaluó a agosto de 2025 103 recomendaciones prioritarias vinculadas al programa de gobierno y compromisos institucionales. De ese total, 53 presentan avances totales o parciales, 50 muestran rezagos significativos y 6 de alta prioridad aún no registran progreso. Los avances constatados por el observatorio se concentran en las áreas de esparcimiento y recreación, mientras que aquellas rezagadas tienen relación con la gobernanza presupuestaria y la participación legislativa de NNA.

En ese sentido, identificaron como los desafíos más urgentes “la descentralización y financiamiento de programas de protección, la representación jurídica especializada, la ampliación programática de Chile Crece Contigo y el acceso a la justicia de NNA víctimas del estallido social".

Por otra parte, entre los resultados destacados en el informe está la elaboración de 17 recomendaciones a proyectos de ley relacionados a la niñez, así como la participación del propio organismos en 131 mesas intersectoriales y en 18 misiones de observación en distintas regiones del país.

Asimismo, realzaron que “durante el periodo, la Defensoría impulsó 334 actividades de promoción y difusión de sus derechos, que convocaron a más de 4.700 niños, niñas y adolescentes y cerca de 10 mil adultos en todo el país, fortaleciendo redes con 123 organizaciones, de las cuales 31 son lideradas por NNA”.