Durante este miércoles, el Senado despachó a ley el proyecto que establece medidas para la protección de la salud y la seguridad de los recolectores de residuos domiciliarios.

El proyecto fue ingresado por el Presidente Gabriel Boric en mayo de 2024 a través de la Cámara de Diputados y desde entonces, tuvo una tramitación en las comisiones del Trabajo de ambas cámaras, además de contar con distintas urgencias durante su discusión.

El proyecto aprobado para convertirse en ley “reconoce y valora la importancia de la labor de recolección de los residuos sólidos domiciliarios, efectuada por los recolectores”, sostiene el fundamento de la iniciativa.

Dicha denominación incluye barredores, conductores y peonetas en camiones recolectores, para lo cual se establece un estatuto legal propio en lo relativo a las condiciones sanitarias, ambientales y de seguridad en las que desarrollarán sus labores.

Con todo, el artículo 1° de la nueva ley, establece que “un reglamento dictado por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Salud fijará las condiciones específicas de seguridad y salud, especialmente respecto al cumplimiento de las obligaciones sanitarias y ambientales en el trabajo, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley”.

Asimismo, se señala que los municipios o Gobiernos Regionales podrán celebrar convenios con otras entidades públicas con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a sus obligaciones legales y las específicamente reguladas en la ley.

La misma obligación legal recaerá en los organismos antes mencionados en caso de tener la provisión del servicio de recolección mediante una subcontratación, obligándolos a verificar el cumplimiento de la empresa recolectora de estas medidas.

En otros artículos del proyecto, también se establece que los trabajadores del área tendrán de forma permanente acceso al agua potable destinada para su consumo durante sus labores.

También se establece que los recolectores contarán con servicios higiénicos libre de costos en sus lugares de trabajo y que deberán fijarse puntos higiénicos en medio de las rutas por donde se desempeñen, lo que permita el acceso al servicio.

Asimismo, se establece que la entidad contratante, municipios o gobiernos regionales, deberán elaborar y poner a disposición de las personas trabajadoras un protocolo de prevención y gestión de riesgos.

A los trabajadores se les deberá incorporar en los programas de vigilancia ambiental y de la salud, y tendrán derecho a un examen anual y gratuito de medicina preventiva.

Los senadores, durante su votación, coincidieron en que aprobar la iniciativa era “saldar una deuda con un grupo de trabajadores que por décadas ha sido invisibilizado”.