Este jueves los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini remitieron una carta dirigida al presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y a los demás ministros solicitando que los ministros Jean Pierre Matus Acuña, María Teresa Letelier y Mario Carroza Espinosa, se inhabiliten en los plenos relacionados al caso Hermosilla.

Esto a raíz de la indagatoria que inició la Fiscalía Regional de Valparaíso por tráfico de influencias en el Poder Judicial que ha puesto el foco en los ministros aludidos en los chats del abogado Luis Hermosilla, quien hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva por delitos de corrupción.

En concreto los parlamentarios pidieron que los supremos se abstengan de participar en los procesos de jueces que también han sido mencionados en las mismas conversaciones: Antonio Ulloa y Verónica Sabaj.

El caso de Ulloa tuvo implicancias directas con el edificio de tribunales, luego de que el 24 de marzo personal de la PDI rompiera con la tranquilidad del inmueble y allanara su oficina para incautar especies. Se llevaron un teléfono y un notebook. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago enfrenta un sumario administrativo ordenado por la Corte Suprema, el cual se encuentra en tramitación ante la Corte de Apelaciones. Las sanciones deberán ser conocidas por el Pleno de la Suprema.

Por su parte, la ministra Sabaj, quien está suspendida de sus funciones, enfrenta un cuaderno de remoción ya abierto, que en su etapa resolutiva también deberá ser resuelto por el pleno de esta Corte Suprema. Asimismo, ambos enfrentan investigaciones penales.

La carta

En la carta, de dos páginas, los parlamentarios detallan:

“Nos referimos, en particular, a los ministros señores Jean Pierre Matus Acuña, María Teresa Letelier y Mario Carroza Espinosa, quienes, como es de conocimiento público, han sido mencionados en diversas investigaciones periodísticas y diligencias fiscales en el marco de la investigación que dirige el Ministerio Público, vinculada a la red de tráfico de influencias y nombramientos judiciales en la que aparece como figura central el abogado Luis Hermosilla. Asímismo cualquier ilustrísimo que estuviera en la misma condición", dice el texto.

“En este escenario, consideramos que es deber de los ministros antes mencionados adoptar formalmente su abstención tanto en el conocimiento de cualquier trámite vinculado a los sumarios o cuadernos de remoción de los ministros Ulloa y Sabaj, como también respecto de cualquier otra instancia que eventualmente pudiera derivarse en el futuro en el marco de estas investigaciones”, se señala en otra parte.

Por último, dice la misiva, los suscritos hacen “expresa reserva de ejercer las acciones institucionales y parlamentarias que correspondan en resguardo de la fe pública, el estado de derecho y la integridad de nuestro sistema judicial”.

A la salida de tribunales, Manouchehri sostuvo: “Solo en Chile puede ocurrir que un juez involucrado en un caso de corrupción termine resolviendo el proceso disciplinario de otro juez involucrado en el mismo caso de corrupción. Eso está pasando hoy día en la Corte Suprema. Las redes de Hermosilla sigue operando dentro del sistema”.

“No podemos permitir que la red de corrupción de Hermosilla, que ya contaminó nombramientos y funcionó como una red de favores, termine ahora transformándose en una red de protección dentro del Poder Judicial”, agregó por su parte Cicardini.

José Miguel Aldunate, director de Estudios del Observatorio Judicial, explica a La Tercera que la carta “no tiene ningún efecto jurídico” y es más bien “una cosa simbólica”.

“En los procesos lo que existe son las implicancias y las recusaciones. Las implicancias las puede pedir de oficio el tribunal y las recusaciones las piden las parte. Y no estamos en ninguno de los dos casos”, explica.

En ese sentido, Aldunate, afirma que “la única atribución que tienen los parlamentarios respecto a la Corte Suprema es la acusación constitucional”.

Si bien la Suprema es consciente de su autonomía, Aldunate dice que las repercusiones que ha tenido el caso Audio han llevado a que el Poder Judicial tenga “una mayor conciencia de la mirada externa”. “Estos dos casos (Ulloa y Sabaj) han avanzado bastante rápido. Eso te da un indicio de que hay una mayor conciencia de parte del Poder Judicial, que hay un criterio mayor y que la opinión pública está muy atenta”.

Conocedores del sistema señalan que “lo más probable” es que la carta sea leída en los plenos que realizan los supremos semanalmente. Fuentes de este diario afirman que la situación ha generado división entre los ministros, entre quienes están de acuerdo en que dichos supremos se inhabiliten y quienes sostienen que no.

Por su lado, el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, señala que “las causales de inhabilidad se declaran para cada caso y específicamente en la causa respectiva. Por lo tanto, el efecto de una carta de esa naturaleza es más bien una presión hacia ciertos ministros para que ellos decidan plantear su inhabilidad ante un caso concreto”.