La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) -surgida como la instancia que agrupa principalmente a alcaldes de oposición- realizó un estudio para evaluar la transparencia y probidad de las 345 comunas del país.

El ejercicio fue enviar a cada una de esas comunas una solicitud vía Ley de Transparencia para evaluar si al interior de esos municipios existen o no algunas políticas estandarizadas en materia de transparencia. Solamente respondió el 88,1% de esas comunas, equivalente a 304 municipios.

Fue así que se constató que el 81,2% de las comunas que contestaron carece de una política anticorrupción, mientras que un 7,2% la posee y un 5,3% está en proceso de obtenerla. Otro 6,3% no contestó esta interrogante.

Los hallazgos se dan en momentos en que diversos escándalos de probidad han sacudido a algunas comunas, como por ejemplo las municipalidades de Vitacura, Santiago y Las Condes, entre otras.

El presidente de la AMUCH, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), dice al respecto que “necesitamos elevar con urgencia los estándares de buen gobierno y transparencia para avanzar hacia un sistema de integridad coherente y articulado. Los alcaldes y las municipalidades juegan un papel estratégico: son la primera línea de contacto entre el Estado y la ciudadanía, y su desempeño incide directamente en la percepción de confianza institucional”.

El estudio además detalló que el 69,7% de los municipios no tiene una política de integridad pública y solamente el 17,8% respondió que la posee.

Cuando se consultó por manuales de prevención del delito -que reúne herramientas y procedimientos de control interno- el 73,3% declaró no tener uno, y solamente el 15,8% lo tiene. Los demás o no respondieron o están en proceso de obtener uno.

Además, el 67,4% de las comunas no tiene un canal formal de recepción de denuncias de funcionarios a faltas de integridad. Por otro lado, el 45,1% carece de un código de ética municipal, mientras que el 47% sí tiene este documento.

El director ejecutivo de AMUCH, Andrés Chacón, sostiene que “hay brechas que responden, en gran medida, a capacidades institucionales desiguales, a la falta de coordinación sistémica entre las distintas herramientas de gestión ética y a la falta de proactividad en la materia. No obstante, el estudio también revela señales positivas: existen municipios que, de manera proactiva, han desarrollado mecanismos de integridad vigentes y funcionales, incluso antes de la existencia de mandatos normativos específicos”.

Por último, el estudio detalla que el 68,8% las comunas tiene un comité de ética, y un 21,1%, no lo tiene. Otros no contestaron. En tal sentido, el informe si bien recalca que “no es obligatorio por ley” que cada municipio tenga un comité de ética, la existencia de dichas instancias sí puede ser promovida por los municipios.

Dentro de las conclusiones del escrito se recalca que los resultados “dejan en evidencia que el sistema municipal chileno enfrenta desafíos estructurales en materia de integridad, que van más allá de la existencia o ausencia de instrumentos específicos”.

De todas maneras, el estudio valoró que “evidencia señales positivas. Existen municipios que, de manera proactiva, han desarrollado mecanismos de integridad, vigentes y funcionales, incluso antes de la existencia de mandatos normativos específicos. Estas experiencias representan buenas prácticas replicables, que pueden servir de referencia y aprendizaje para otros municipios, siempre que se ajusten a sus realidades territoriales y capacidades institucionales”.