Un giro de fondo experimentó en las últimas semanas la comisión asesora presidencial para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado, en específico del Servició Nacional de Menores (Sename), Servicio de Protección Especializada (Mejor Niñez) y de sistemas de cuidados alternativos.

En una reciente reunión con los comisionados -Sebastián Valenzuela, Miguel Cillero Bruñol, Estela Ortiz, Carmen Domínguez, Matías Marchant y Judith Schonsteiner- y su presidenta, Soledad Larraín, el Presidente Gabriel Boric acogió tres solicitudes del grupo asesor.

“Se acordó con el Presidente y las y los comisionados la ampliación del mandato de casos a investigar desde 1979 hasta al 2024; prorrogar el funcionamiento de la comisión hasta abril del 2027; y cambió, a solicitud de las organizaciones de víctimas y sobrevivientes en acuerdo con la comisión, la palabra “vulneraciones” por “violaciones” en el nombre de la comisión", dice Soledad Larraín, presidenta de la comisión.

El primero y quizás más relevante de los cambios, dicho está, fue ampliar el período a investigar en tres años, incluyendo la época en que pasaron al menos cuatro directores -y una serie vulneraciones- en Mejor Niñez.

El período inicial de investigación contemplaba solo hasta 2021. Sin embargo, diversos casos recientes motivaron la solicitud de ampliarlo hasta el presente, lo que incluye hechos ocurridos bajo la actual institucionalidad de Mejor Niñez, hoy cuestionada por su capacidad de proteger a niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.

“Convocar a miles de personas que pasaron por centros del Sename o sistemas de cuidado alternativo en más de 40 años no es solo tarea de esta comisión. Es un desafío ético y político para todo el Estado y para la sociedad chilena”, afirma Soledad Larraín, quien lideró las gestiones ante el Ejecutivo. Para viabilizar este proceso en lo formal, actualmente se está modificando el decreto 150 —firmado a comienzos de este año por el Presidente Boric—, que establece el mandato de la comisión.

En las próximas semanas, la comisión también comenzará a revisar archivos administrativos y judiciales relacionados con el Sename y sus organismos colaboradores. El objetivo es detectar patrones de abuso, identificar responsabilidades y proponer medidas concretas de reparación y prevención.

Lo segundo aprobado por el Presidente Boric a la comisión fue extender el mandato de la comisión hasta abril del 2027. Y lo tercero, dicho está, modificar el nombre oficial del organismo, reemplazando el término “vulneraciones” por “violaciones”, como venían exigiendo organizaciones de víctimas y sobrevivientes.

El cambio no es meramente semántico. La nueva denominación, que ahora incorpora explícitamente la noción de violaciones a los derechos humanos, reconoce formalmente la gravedad de los hechos ocurridos en los centros del Sename y sus organismos colaboradores durante más de cuatro décadas.

Con todo, desde el entorno de los comisionados, se busca dar una señal de reparación simbólica hacia quienes pasaron por estos espacios de cuidado, muchas veces marcados por el abandono institucional, la violencia física, psicológica y sexual, y la impunidad.

El funcionamiento de la comisión fue anunciado oficialmente por el gobierno en agosto de 2023, pero su instalación efectiva ha enfrentado demoras vinculadas a la disponibilidad presupuestaria, la contratación de profesionales especializados y la necesidad de asegurar condiciones mínimas para un proceso de escucha reparador.

En ese contexto, la presidenta de la comisión ya había trasmitido la necesidad de aumentar los plazos de pesquisa, originalmente pactados hasta febrero de 2026. “Lo más probable es que la pidamos”, dijo a La Tercera días después de la instalación. Es por esto que con la ampliación del plazo hasta abril de 2027 se busca dar mayor holgura para cumplir con los objetivos planteados.

Sin embargo, la reciente extensión del mandato genera inquietud entre los comisionados, ya que implica que buena parte del trabajo deberá continuar bajo un próximo gobierno, lo que requerirá asegurar la continuidad política y presupuestaria del proceso.

Recolección de testimonios

Una de las etapas que deberá comenzar la comisión es el proceso de toma de testimonios -uno de los pilares del trabajo de este organismo-, que comenzará el próximo viernes 1 de agosto, con un sistema de agendamiento disponible desde el martes 15 de julio.

Las declaraciones podrán realizarse de manera presencial, virtual o por escrito, y estarán dirigidas a cualquier persona que haya sufrido violaciones a sus derechos humanos mientras estuvo en residencias, hogares o centros del sistema penal juvenil, ya sean públicos o privados.

Los testimonios serán recogidos a través de una plataforma digital que será habilitada en los próximos días. Esta contará con un sitio web que permitirá a las víctimas programar sus declaraciones y acceder a información sobre las garantías de confidencialidad y acompañamiento psicosocial dispuestas por la comisión.